El uso de los testigos protegidos como base de las pruebas con que se sustentaba la Procuraduría General de la República (PGR) con el fin obtener órdenes decateo, arraigo e intervención de comunicaciones para la persecución de actividades de la delincuencia organizada ha dejado de ser una prioridad en esa dependencia, pues ahora los requisitos para que un juez conceda esas medidas cautelares son menos rigurosos, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Desde que comenzaron a funcionar los juzgados de control, en diciembre de 2007, cada año se han flexibilizado las reglas de procedencia para la PGR, por lo que la dependencia ya no necesita recurrir al apoyo de testigos colaboradores, que la mayoría de las veces eran delincuentes confesos que declaraban lo que los fiscales les pidieran, a cambio de canonjías legales.

Cifras del Consejo de la Judicatura Federal indican que, hasta el pasado 5 de agosto, los jueces negaron o declararon sin materia apenas 10 por ciento de las mil 176 órdenes de medidas cautelares solicitadas por agentes del Ministerio Públicos federal de todo el país. Esa cifra de negativas es 41 por ciento menor al dato de 2014, cuando fueron rechazadas casi 17 por ciento de las peticiones; en 2013 se habían negado 15.6 por ciento por falta de evidencia suficiente o defectos técnicos en los documentos.

Hasta 2008 los requerimientos eran turnados del modo tradicional –expedientes en papel, a veces con decenas de miles de fojas– a jueces encargados de procesos penales en todos los circuitos judiciales.

Ahora, los siete jueces especializados se dedican únicamente a analizar peticiones como ésas, pues no llevan juicios. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR envía las solicitudes por un sistema encriptado de correo electrónico, y los juzgadores están acuartelados en un edificio en el Distrito Federal, al que no hay acceso público.

Las peticiones para arraigos e intervenciones están creciendo. En los primeros seis meses de 2015 fueron 899 y 627 en 2014, mientras en los 24 meses anteriores, la PGR sólo pidió 639 arraigos y 35 intervenciones telefónicas, indican registros oficiales.

Fuentes del Poder Judicial estimaron que ahora los agentes del Ministerio Público Federal tienen que ser más selectivos en los documentos que envían a los jueces, pues las solicitudes se hacen vía electrónica.