na decena de organizaciones se manifestaron ayer en Washington en contra de las deportaciones de migrantes indocumentados efectuadas recientemente por el gobierno estadunidense.
El precedente inmediato de estos reclamos es la reciente expulsión, el primer fin de semana del año, de 121 migrantes, adultos, mujeres y niños, originarios de Centroamérica, como parte de un programa del Departamento de Seguridad Nacional mediante el cual el gobierno pretende deportar a unos 100 mil centroamericanos que llegaron a Estados Unidos desde enero del 2014. La operación referida granjeó al presidente de ese país, Barack Obama, críticas severas de legisladores de su propio partido en el contexto de su último discurso sobre el estado de la Unión, así como de los dos principales precandidatos demócratas a la presidencia, Hillary Clinton y Bernie Sanders.
Lo cierto es que los reclamos en contra del primer afroestadunidense en ocupar la Oficina Oval son indicativos de la ambigüedad que ha mantenido su administración. En efecto, el actual presidente ostenta el récord histórico en el número de expulsiones de migrantes sin papeles en la historia del vecino país, y esa circunstancia plantea que, contra lo que hubiera podido esperarse al inicio de su mandato, la gestión de Obama se ha distinguido por ser mucho más severa que sus antecesoras en la aplicación de las leyes migratorias.
Por otra parte, los planes y promesas de Obama por impulsar una gran reforma a esas leyes han chocado sistemáticamente contra la oposición republicana y otro tanto ha ocurrido con las llamadas acciones ejecutivas
que ha intentado implementar su gobierno: la más reciente pretensión de aliviar la situación de unos 4 millones 400 mil extranjeros indocumentados fue frenada por una coalición de 17 estados, encabezada por Texas, que presentó ayer una demanda en contra de la Casa Blanca.
Los recurrentes intentos de Obama por trasladar la responsabilidad política de las expulsiones de migrantes al Poder Legislativo pasa por alto que su gobierno tiene un recurso simple para aliviar en alguna medida la injusta e inmoral persecución contra los inmigrantes: aplicar las leyes vigentes en una forma menos implacable que como lo ha venido haciendo desde el principio de su administración. Cabe recordar, a este respecto, que Bill Clinton y George W. Bush, antecesores demócrata y republicano del actual presidente, no fueron tan severos en la ejecución de deportaciones, ni sus gobiernos fueron tan insensibles a la hora de adoptar medidas que implican la separación de padres de sus hijos menores.
La situación descrita es una clara muestra de la impotencia en la que ha debido desenvolverse el que es, en teoría, uno de los hombres más poderosos del mundo: con las manos atadas por intereses económicos y por prejuicios ideológicos y, lo peor, convertido en buena medida a los valores que decía combatir cuando fue electo presidente de Estados Unidos. Es significativo que un presidente que en su arranque despertó esperanzas de cambio e inclusión en la política de Washington cierre su sexenio, en el tema migratorio, en una tendencia política que complace a los discursos xenófobos de sus principales contrapartes republicanas.
