os de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde­pendientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz– han venido denunciando una campaña de desprestigio en contra de ese equipo de expertos por parte del Estado mexicano, atribuida por ellas mismas al temor que suscitan los avances de sus pesquisas en torno a los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Las afectadas señalan, en forma particular, que el gobierno se ha mostrado renuente a agotar las líneas de investigación que le resultan incómodas, como las que indican algún grado de responsabilidad del Ejército en esos hechos.

Debe recordarse que el referido grupo se conformó por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la propia CIDH, a petición de los familiares y representantes de las víctimas, y frente a la actitud errática y tardía de la Procuraduría General de la República para investigar los hechos de Ayotzinapa.

Frente a la desidia inicial de la PGR para investigar el caso, y el cariz inverosímil de la respuesta que dio después sobre los hechos –los estudiantes de Ayotzinapa habrían sido incinerados en un basurero de Cocula–, el GIEI se dispuso a reunir, en un documento de 500 páginas, numerosos datos, observaciones, puntualizaciones, conclusiones y recomendaciones a las autoridades de nuestro país, tanto sobre la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos como sobre el asunto de las desa­pariciones en México en general, e incorpora los peritajes técnicos en los que el grupo fundamentó sus señalamientos.

El gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua y, por tanto, improcedente: por un lado, ha manifestado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la CIDH, en lo que constituye una aceptación tácita de los múltiples defectos de la investigación oficial sobre Ayotzinapa; por otra parte, ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes. Además de ello, la embestida de grupos de la ultraderecha en contra de dos destacadas integrantes del GIEI hace obligado preguntarse si se trata de una manifestación espontánea o si acaso está vinculada a las tareas e investigación de ese equipo.

Como resultado de las pesquisas del GIEI, se ha confirmado lo que desde un principio expresaron los padres y compañeros de los desaparecidos: que la incineración de los 43 normalistas en Cocula era una explicación incoherente e inverosímil y que resultaba imperioso investigar a fondo, sin exoneraciones a priori, el papel de los efectivos del 27 batallón de infantería y de las corporaciones policiales estatal y federal en los sucesos de Iguala. Asimismo, la labor de ese grupo de expertos y el papel desempeñado como contrapeso a la verdad oficial ha derivado en recomendaciones concretas en contra de un mal inveterado y aberrante del modelo autoritario con que se ejerce el poder público en el país: las desapariciones forzadas, en la medida en que, sin cambios de fondo en la manera en que se relaciona la sociedad y los grupos policiales y militares, no se podrá garantizar procuración de justicia efectiva, veraz y expedita en casos como el comentado y en muchos otros episodios trágicos e indignantes ocurridos en el país.

En vista del papel que han desempeñado los especialistas del GIEI en México, es claro que los intentos para desprestigiar a los integrantes de ese equipo –provengan de donde provengan– afectan el pretendido interés gubernamental en arrojar respuestas verosímiles en torno a los hechos de hace un año cuatro meses.