l sábado pasado, un grupo de trabajadores municipales de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, ingresó al Malecón Tajamar con maquinaria pesada, taló el manglar y rellenó los humedales. De acuerdo con denuncias del colectivo Guardianes del Manglar Cancún, el hecho se produjo con la complicidad del alcalde de esa localidad, Paul Michell Carrillo, y autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), empresa estatal que previamente había allanado casi la mitad de los humedales, como parte de la construcción de un complejo hotelero en esa zona turística, que bordea la laguna Nichupté.

Aunque las autoridades se resisten a calificar de un ecocidio los hechos, lo cierto es que cerca de 50 hectáreas de manglar desaparecieron, literalmente, de la noche a la mañana, y que se afectó, a contrapelo de la verdad oficial, la fauna del lugar, como quedó documentado con fotografías difundidas por organizaciones de la sociedad civil.

Debe señalarse que desde que comenzaron en ese sitio las obras de construcción de un proyecto turístico e inmobiliario de 70 hectáreas, distintas organizaciones se han movilizado para impedir que se pierda ese espacio natural. En todo este tiempo, pese al rechazo de grupos ambientalistas nacionales e internacionales y de especialistas en la materia, el proyecto ha avanzado con el beneplácito de las autoridades, que esgrimen argumentos de índole legalista para defender los trabajos: ejemplo de ello es el comunicado emitido la víspera por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien afirmó que las acciones en el referido malecón se realizan con apego a la ley, pues el Fonatur –a cargo del desarrollo– obtuvo en 2005 las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el mismo sentido, la dependencia federal respaldó en un escrito el proyecto Malecón Tajamar porque cuenta con todos los permisos.

Ambos comunicados parecen soslayar la brecha que persiste en nuestro país entre la formalidad institucional y la realidad, así como las irregularidades que suelen acompañar el otorgamiento de permisos de este tipo. En efecto, la construcción que dio pie a la devastación ambiental de Tajamar podrá estar apegada a una noción de legalidad tan imperfecta como la que prevalece en nuestro país, pero difícilmente puede defenderse sin violentar las consideraciones ambientales más básicas. El que esa defensa provenga de una dependencia supuestamente dedicada a proteger el medioambiente, como la Semarnat, es indicativo del extravío que padece la institucionalidad política del país respecto del cumplimiento de sus responsabilidades más elementales.

Desde un punto de vista más general, lo ocurrido en Cancún el fin de semana es una más de las consecuencias de la aplicación en México de una política oficial en materia ambiental que subordina la protección de los ecosistemas a los intereses comerciales e industriales privados, tanto nacionales como foráneos. Desde hace décadas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado la aplicación de legislaciones laxas en materia ambiental, como una de las supuestas ventajas comparativas del país para competir en el mercado internacional, y han concedido con ello un amplio margen de maniobra a la devastación ambiental.

En el caso que se comenta, lo menos que cabe esperar de las autoridades correspondeintes es una explicación clara y completa de las razones por las cuales se determinó la destrucción de un ecosistema de gran biodiversidad, a pesar de los numerosos recursos interpuestos por la sociedad civil, así como la suspensión de la obra referida en tanto esta circunstancia no se resuelva en forma transparente y satisfactoria.