Integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, que mantienen protestas desde el pasado 23 de julio, anunciaron en conferencia de prensa que seguirán con la retención de vehículos de carga y transporte hasta que se apruebe la instalación de una mesa de diálogo con los gobiernos estatal y federal para atender su pliego de demandas.

Solicitan, entre otros puntos, la asignación de mil plazas y la aplicación de contenidos formativos para docentes acordes con las necesidades educativas de las comunidades, en particular las indígenas.

Los inconformes, representantes de las ocho normales públicas de Michoacán, exigieron el cumplimiento de las minutas de acuerdo suscritas por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y el entonces gobernador Fausto Vallejo, tras una jornada de protestas durante las cuales fueron detenidos 176 estudiantes por policías federales y estatales, que en octubre de 2012 los desalojaron de las normales de Tiripetío, Cherán y Artega. Los alumnos exigían posponer un año la reforma curricular que se pretendía imponer.

Marcos Granados Torres y Javier Enrique Guerrero Valdés, de la Normal Rural de Tiripetío, explicaron que por la “cerrazón del gobernador Silvano Aureoles, quien rechaza toda posibilidad de negociar, tuvieron que efectuar acciones más contundentes, como la retención de más de 120 camiones de carga y de pasajeros, que seguirán resguardados hasta que se acuerde una mesa de diálogo.

Como normalistas, dijeron, primero tratamos de abrir el diálogo: solicitamos ser recibidos, tocamos puertas, porque queremos ser escuchados por las buenas, pero el gobernador Aureoles mantiene una cerrazón total. Nos dijo que él no tenía nada que negociar con nosotros, que el asunto era competencia de la Federación, y la administración peñista nos dice que es con el gobernador. Nos quieren traer de un lado a otro sin dar respuesta.

Recordaron que tres generaciones de egresados normalistas (de 2014 a la fecha) “nos hemos convertido en el experimento de la reforma educativa, porque se llega a acuerdos para que los compañeros se capaciten seis meses, tiempo en el que les entregan una plaza administrativa estatal, y luego les aplican una evaluación contextualizada, de acuerdo con los contenidos con los que fuimos formados y con las escuelas que buscamos atender, pero luego de concluir este periodo la autoridad estatal dice: ‘fíjate que no, te tienes que sumar a los exámenes que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación’, que no forma parte del acuerdo”.

Los normalistas insistieron en que seguirán con las acciones de protesta y la retención de vehículos de carga hasta que los escuchen, y aclararon que ningún camión ha sido saqueado.