Bogotá.

Un líder social fue asesinado este fin de semana en el noreste de Colombia, crimen que se suma a varios homicidios selectivos de civiles perpetrados en las últimas semanas en diversas regiones y que mantiene en alerta al gobierno.

A Néstor Iván Martínez lo mataron ayer (el domingo) entre las 5 y 5:30 de la tarde en la finca de su hermano, en el departamento del Cesar, informó Gabriel Henao, vocero de las comunidades organizadas de la región.

Era representante legal del consejo comunitario de La Sierrita y pertenecía a la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y centro y sur del Cesar, organizaciones que velan por los derechos humanos y la restitución de tierras, detalló Henao.

Se dice que fue para robarlo, pero todas sus pertenencias estaban ahí. Es una modalidad que ha ocurrido varias veces y, además, hace unas semanas aparecieron unos panfletos que amenazaban a los recuperadores de tierra y a la Comisión de Interlocución, firmados por grupos paramilitares, dijo el vocero.

Según un comunicado difundido por las organizaciones sociales del Cesar, a Martínez, quien también luchaba contra la minería ilegal, le dieron dos disparos en la cabeza.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en Colombia, denunció homicidios selectivos en otra región del país, el departamento del Cauca, al oeste, donde han sido asesinados en las últimas semanas al menos seis campesinos.

Además, también en Cauca, fue asesinada una líder campesina que era propietaria de un terreno donde se prevé que se concentren miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte del acuerdo de paz que se selló con el gobierno para acabar con más de medio siglo de confrontación.

Uno siempre ha tenido en cuenta que las negociaciones de paz han traído muertos, porque comienzan a atacar a los líderes sociales, dijo Henao sobre la actual ola de violencia y en referencia al pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Este repunte de la violencia ocurre precisamente cuando gobierno y guerrilleros se preparan para firmar el próximo 26 de septiembre el acuerdo de paz, que luego deberá ser aprobado por los colombianos en un plebiscito a realizarse el 2 de octubre para que pueda entrar en vigor.

Estamos con las alertas encendidas, porque en esta recta final del proceso de paz siempre hay sectores que quieren generar inestabilidad y caos, dijo este lunes a periodistas el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En el primer semestre del año fueron asesinados 35 defensores de derechos humanos en el país, uno más frente al mismo periodo de 2015, según reciente informe de la ONG Somos Defensores.

El miércoles habrá una reunión del gobierno con la Fiscalía y la fuerza pública para discutir los recientes casos de violencia contra líderes comunitarios, detalló Cristo.

Además, el ministro aseguró que policías y militares ocuparán y resguardarán los territorios que empiezan a abandonar las FARC para dirigirse hacia las zonas de concentración, para evitar que éstas sean ocupadas por otros grupos criminales.

Colombia ha vivido un conflicto armado que dura ya más de medio siglo, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado.