Deben ser los últimos afectados por recortes, apunta Unicef
Martes 25 de octubre de 2016, p. 32
México ha hecho progresos importantes para identificar los rubros en los que se debe realizar inversión pública a fin de beneficiar a niños y adolescentes, pero las asignaciones presupuestarias aún son insuficientes y reducidas para permitir el cabal cumplimiento de los derechos de los infantes, sobre todo para los que viven en pobreza.
El representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Christian Skoog, planteó lo anterior en el acto de inauguración del seminario Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Herramienta estratégica
En el foro, que analizará los efectos de la crisis económica en los derechos de los menores y la forma en que los gobiernos de América Latina y el Caribe invierten en este sector, Skoog sostuvo que el financiamiento público oportuno en los niños y adolescentes de la población menos favorecida del país es una herramienta estratégica para romper el ciclo intergeneracional de pobreza y reducir la desigualdad.
Aseveró que mejorar las tasas de supervivencia infantil, nutrición, salud o educación sólo es posible priorizando los presupuestos destinados a proteger a este grupo de la población.
También comentó que el Comité de los Derechos del Niño de la Unicef ha señalado que en tiempos de crisis se debe asegurar que los menores sean los últimos afectados por los recortes presupuestales, particularmente los más vulnerables.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, expuso que invertir en la infancia y la adolescencia es la mejor decisión de política económica y social que puede tomar un país, ya que propicia el crecimiento económico.
De ahí que los tres órdenes de gobierno deben asumir la responsabilidad de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de destinar más recursos para el cumplimiento de los cambios legales, institucionales y culturales, así como las políticas públicas que demanda este sector de la población.
Participó también la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gina Casar, quien indicó que es fundamental la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, para acercar soluciones al problema de la infancia menos favorecida.
En el foro se hizo referencia a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues entre sus 17 objetivos se encuentran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio climático. De éstos, 11 están relacionados directamente con la infancia.
Entre las metas referidas destacan dar fin a la mortalidad de recién nacidos y niños menores de cinco años; poner en marcha medidas para acabar con todas las formas de desnutrición; asegurar el acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia; eliminar la violencia contra mujeres y niñas, así como poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños y niñas antes de dicho año.