Hermosillo, Son., La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que el conflicto por la construcción del gasoducto Sonora está a cargo del gobierno federal, y corresponde a la administración estatal garantizar la seguridad de los pobladores y evitar conflictos que afecten su integridad, como el ocurrido entre la comunidad yaqui, que dejó una persona muerta, ocho heridas y 13 vehículos dañados durante un enfrentamiento entre pobladores, el pasado 21 de octubre. Por ello, dijo la mandataria, se puso en marcha la despistolización, a petición de representantes de los pueblos originarios. Ellos nos lo pidieron. De acuerdo con sus usos y costumbres, tienden a utilizar armamento de cierto calibre. Estamos tratando de que no ingresen con armas a territorio yaqui, apuntó. Indicó que se envió personal médico para curar a los heridos y se reforzaron los programas de asistencia social. César Cota Tórtola, capitán del pueblo de Cócorit, informó que solicitaron a las autoridades federales y estatales un programa de retiro de armas en Bácum, considerado foco rojo. Además, se asignaron 100 agentes de la policía estatal para instalar filtros de revisión en caminos y brechas de acceso a las comunidades yaquis.