Académicos, juristas y defensores de derechos humanos coincidieron en que la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República, debe concluir en la creación de un organismo con absoluta independencia política y presupuestal del gobierno federal.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pidió a los senadores reformar el artículo transitorio de la Constitución que permitiría al actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, pasar en automático a la nueva fiscalía y permanecer en el cargo nueve años.

La fiscalía puede nacer con un vicio de origen que podría ser la falta de legitimidad, recalcó.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, del Senado, Angélica de la Peña, comentó que los consensos también se tienen que enfocar en torno a quién asumirá la responsabilidad de ser el primer fiscal general.

En ese primer foro de Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, De la Peña expresó que en la discusión de este proyecto no podemos pensar que lo que ya está hecho es inamovible.

La perredista subrayó que se requiere una fiscalía con amplia legitimidad e independencia, cuyas acciones sean acordes al sistema de justicia acusatorio. Consideró indispensable definir con claridad los procesos periciales que llevará a cabo la nueva institución, el perfil que debe caracterizar la función ministerial y de investigación, así como lograr un esquema robusto para la protección y respecto de los derechos humanos.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que lo primero que se tiene que diseñar es el modelo institucional que se quiere para ese organismo que sustituirá a la PGR. Se debe tomar en cuenta estructuras, formas, mecanismos y procedimientos, y luego confeccionar la legislación que la va a regular.

Agregó que ubicar la discusión sobre el artículo transitorio de la reforma constitucional, en el que se establece el paso en automático del último procurador al primer fiscal general, debilita la necesaria capacidad que debe tener el actual titular de la PGR a quien el Senado le dio un voto de confianza, para liderar esta etapa de tránsito.

Coincidió en que es necesario asegurar la independencia política y presupuestal de esa fiscalía, establecer un servicio profesional de carrera, precisar con puntualidad las causas graves de remoción del fiscal general y los plazos en que el Senado puede objetar el nombramiento de los fiscales especializados.

A su vez, Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que es una oportunidad histórica para construir un sistema de procuración de justicia eficaz, creíble y que sirva a la gobernabilidad democrática de México.

Resaltó que actualmente la PGR es una institución reactiva, con baja capacidad de investigación, con malas prácticas, corrupción, poca confianza pública y una percepción de la politización de la justicia.

Carlos Alberto Puente Salas, senador del PVEM, salió en defensa de Cervantes. Dijo que su nombramiento se debe ver como un tema aparte, ya que su designación como titular de la PGR cumplió con el procedimiento y tiempos establecidos.

En el Senado estamos conscientes del gran reto que requiere este tránsito de la PGR a la Fiscalía General de la República y, como hemos hecho en estos cuatro años, no habrá de haber diferencias.