Sao Paulo.

Este lunes comenzó la fase de testimonios del primer juicio por corrupción en contra del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien enfrenta cargos, sin pruebas, a raíz de una investigación en la que están implicados muchos integrantes de la élite política y empresarial.

La indagatoria sobre el pago de sobornos relacionados con la petrolera estatal Petrobras, empresas de construcción y políticos ha sorprendido a muchas personas por el tamaño de la red de corrupción, pero también por la determinación de la fiscalía de llevar el caso ante la justicia.

Lula, presidente de 2003 a 2010, enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero por aceptar presuntamente más de un millón de dólares en sobornos de la constructora OAS, que ha sido blanco de la investigación en el caso Petrobras.

La pesquisa se centra en la renovación y el título de propiedad de un departamento en una ciudad costera de Brasil, que oficialmente pertenece a OAS, pero los fiscales dicen que realmente pertenece a Lula, aunque no lo han podido probar.

El juez Sergio Moro escuchó el testimonio de un ex senador y tres empresarios, todos con acuerdos con la fiscalía para reducir penas a cambio de inculpar a otros, en lo que se conoce como delación premiada. Otras personas serán llamadas a testificar en el transcurso de la semana.

El ex mandatario sostiene que los procesos en su contra tienen motivaciones políticas y su defensa presentó una denuncia la semana pasada contra Moro alegando abuso de poder.

Anteriormente se han presentado alegatos similares contra Moro y la fiscalía, pero ellos han salido adelante.

Mientras, el presidente Michel Temer intenta limitar el impacto de un nuevo escándalo ante las acusaciones de que uno de sus ministros presionó a otro miembro del gabinete para que permitiera la construcción de un edificio de lujo en un área de interés histórico en Salvador de Bahía, noreste del país.

Un comité de ética de la presidencia abrió una investigación a Geddel Vieira Lima, a quien Temer ha confiado sus negociaciones con el Congreso y funcionario clave para asegurar que se aprueben impopulares medidas fiscales.