La ley de seguridad interior que actualmente se discute en el Senado normalizaría la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo cual es una estrategia cortoplacista que no resuelve de fondo la inseguridad en el país, señalaron académicos en una mesa de debate realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El sociólogo Cristian Ascencio Martínez indicó que esa iniciativa se inscribe en un enfoque de carácter punitivo, que busca terminar con el fenómeno de la criminalidad mediante la intervención del Ejército y la Marina, como en su momento hizo el ex presidente Felipe Calderón.

Al tratar de regular la presencia de los uniformados en las calles se normaliza una situación inconstitucional, pues la Carta Magna establece que la seguridad pública debe ser responsabilidad de organismos civiles.

Se trata, por tanto, de una estrategia cortoplacista que no piensa en cómo combatir realmente al crimen organizado y que deja de lado cualquier enfoque preventivo para resolver el tema de la inseguridad, alertó.

La académica Isela Sánchez Pérez subrayó que por medio de la mencionada norma las autoridades podrían ordenar casi en cualquier momento la intervención de las fuerzas armadas, lo cual implica el riesgo de que sigan ocurriendo violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y marinos.

En ese sentido, llamó a concentrarse en la elaboración de una ley de mando policiaco en donde se establezca de qué forma se va a profesionalizar a las corporaciones de los estados y municipios –consideradas el eslabón más débil del sistema de seguridad–, tarea que se ha postergado durante mucho tiempo por falta de voluntad política del gobierno.

Luego de advertir que la militarización de la seguridad pública es violatoria de los artículos 29, 73 y 129 de la Constitución, Sánchez Pérez consideró que en lugar de ceder a las presiones para que se apruebe ya una ley de seguridad interior, se debería discutir cómo hacer para que los militares se retiren de las calles cuanto antes.

El politólogo Marco Arellano Toledo consideró que el crecimiento de los grupos del crimen organizado –que llevó a la administración de Calderón a justificar la llamada guerra contra la delincuencia– se generó en el sexenio de Vicente Fox, cuando los gobiernos estatales fallaron en hacerse cargo de tareas importantes, entre ellas la seguridad.