Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arribó a la población de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán, para investigar en torno al enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles con saldo de tres comuneros muertos y uno lesionado, además de siete policías heridos, informó el ombudsman local, Víctor Manuel Serrato.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que las autoridades comunales presentaron tres quejas: por la detención de 38 comuneros (37 fueron liberados bajo fianza); el arresto de 10 de sus compañeros después de la gresca, y una más por el uso de la violencia de la policía el día de la confrontación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que las autoridades comunales también les permitieron iniciar las diligencias en Arantepacua, donde pudieron ver tres féretros, sin que les permitieran ver los cuerpos, y les informaron que un comunero se encuentra hospitalizado en Zamora.

La dependencia señaló que 37 de los 38 comuneros detenidos por el secuestro de un autobús abandonaron la madrugada del viernes el penal de Mil Cumbres y enfrentarán el proceso de vinculación en libertad. Solamente uno fue vinculado a prisión preventiva oficiosa.

Identificados

La PGJE identificó a los tres fallecidos a manos de la policía como Luis Gustavo Hernández Cuenete, estudiante de bachilleres, de 16 años de edad; José Carlos Jiménez Crisóstomo, alumno de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana, de 25 años, y Francisco Jiménez Alejandre, de 70 años.

Al referirse a los arrestos, el gobernador Silvano Aureoles declaró que en Michoacán la ley y el ejercicio de la autoridad se aplican sin titubeos. Fue entrevistado en el centro de adiestramiento de la 12 Región Militar, donde fueron incineradas cuatro toneladas de narcóticos.

En algunos casos a nuestras comunidades indígenas también las usan personas ajenas o con intereses particulares o delincuenciales para protegerse de la acción de la autoridad, enarbolando causas de carácter social, muchas de ellas, como lo hicieron en el pasado, defendiendo banderas e incluso haciendo uso de los temas religiosos, apuntó.

En tanto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a más de 30 comunidades originarias, demandó al gobierno estatal poner alto a la represión y la criminalización de los pueblos, y exigió la libertad a los presos.

En Chiapas, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitieron un comunicado conjunto en el que acusaron al gobernador perredista, Silvano Aureoles, de traicionar a los comuneros cuando una comisión buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno de Michoacán, pero “numerosos contingentes de las policías estatal y ministerial atacaron junto con fuerzas federales a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres comuneros de Arantepacua.

Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.

Ante tal situación, el CNI y el EZLN, junto con la asamblea comunal de Arantepacua, se pronunciaron por que cese de inmediato la escalada represiva en contra esa comunidad de Nahuazten y las comunidades purépechas de la región; la libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno; justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados.

Asimismo, para que sean castigado Aureoles y todos los responsables, materiales e intelectuales, de los crímenes cometidos, y que sean retiradas las fuerzas policiacas y militares de Arantepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros.