n la madrugada de ayer, en un lujoso desarrollo residencial de la colonia Verónica Anzures de la capital del país, fue capturado el presunto cabecilla del narcotráfico Dámaso López Núñez, El Licenciado –a quien las autoridades señalan como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y Baja California Sur–, en tanto que su supuesto operador financiero, Víctor Geovanny González Sepúlveda, fue detenido en una vivienda de Azcapotzalco.

Si es cierto que El Licenciado buscaba establecer una alianza entre los cárteles de Juárez y Jalisco Nueva Generación, con el propósito de enfrentar unidos al de Sinaloa –actualmente dirigido, se presume, por Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán–, las detenciones de ayer significarían un fuerte golpe a organizaciones delictivas que han emprendido una violencia terrible en el noroccidente del país, en el contexto de la disputa por el control territorial que antaño detentaba El Chapo, quien actualmente se encuentra preso y sometido a proceso en Estados Unidos.

Por añadidura, la captura de López Núñez representa la mayor victoria gubernamental en contra de la delincuencia organizada desde la tercera y definitiva detención de El Chapo, en enero del año pasado. Cabe reconocer, por último, que en esta ocasión la acción de las fuerzas del orden se realizó en forma incruenta y a partir del trabajo de inteligencia coordinado de varias dependencias.

Desde su precandidatura hasta ahora, cuando despacha en la Casa Blanca, Donald Trump ha mantenido un golpeteo implacable y poco sensato en contra de las instituciones que él, como jefe de Estado, encabeza. Ha hablado mal de los servicios de inteligencia de su país, de programas sociales y militares, del sistema impositivo, y sus actos erráticos y grotescos han rebajado la imagen de la presidencia estadunidense como no ocurrió ni siquiera en el escándalo del Watergate, en los líos eróticos de Bill Clinton y en las mentiras criminales de George W. Bush. Por si no bastara eso, ayer la ex candidata presidencial Hillary Clinton responsabilizó de su derrota en las elecciones de noviembre pasado a Wikileaks, al gobierno ruso y a James Comey, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según la ex secretaria de Estado, ella estaba en el camino de la victoria, pero los correos de su jefe de campaña, que fueron difundidos por Wikileaks, y una carta en la que Comey afirmaba que algunos de esos ameritaban la reapertura de una investigación, sembraron dudas en la cabeza de gente que se inclinaba en favor mío y que terminó con miedo. El Partido Demócrata y la propia Clinton han afirmado que detrás de las revelaciones de Wikileaks estuvo la mano del espionaje ruso.

Las declaraciones de la política demócrata conllevan un mensaje implícito pero ineludible: en su país los procesos democráticos son tan débiles y precarios que el gobierno de Moscú, una organización de ciberperiodismo y una declaración del jefe de la FBI bastan para alterar el sentido de la voluntad popular. Tal conclusión no sólo representa un severísimo cuestionamiento a la solidez institucional, sino alimenta las teorías de la conspiración, tan populares en grandes sectores de la sociedad estadunidense.

En suma, mientras el presidente Trump parece seguir empeñado en poner patas arriba las instancias gubernamentales, su rival derrotada, a quien se ha considerado añeja representante del establishment, le brinda una ayuda inesperada y paradójica en semejante tarea.