Caracas.

Opositores venezolanos bloquearon importantes vías este martes en Caracas y otras ciudades del país, en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso para cambiar la Constitución.

La oposición salió a las calles con banderas de Venezuela y carteles en los que se leía: Renuncia, dictador. En algunas zonas, la Guardia Nacional levantó barricadas con basura y escombros y dispersó a los manifestantes con gas lacrimógeno.

Acosado tras un mes de marchas que exigen su salida del poder mediante elecciones generales, Maduro dio este lunes un giro a la crisis al convocar a una Constituyente popular, cuyos 500 asambleístas no serán elegidos por sufragio universal, sino por sectores sociales.

Ante este nuevo escenario, la oposición, que insistió en que la intención del proceso es dilatar los comicios regionales previstos para este año y las presidenciales de 2018, rearma su estrategia.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó una resolución en rechazo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

La bancada opositora en la Asamblea Nacional condenó la convocatoria de la Constituyente que Maduro firmó este lunes, por considerarla una continuación del golpe de Estado, que consideran estaría perpetrando el mandatario.

Durante el debate parlamentario, el diputado Juan Miguel Matheus advirtió: Maduro dijo ayer que no iba a haber Constituyente con consulta popular, sino que buscaría una elección de segundo grado con votos emitidos desde organismos impulsados por el gobierno, y casi la mitad de los delegados serían escogidos por agrupaciones controladas por el chavismo.

Matheus subrayó que según la Constitución Maduro sólo tiene poder de iniciativa, quien convoca la Constituyente es el pueblo por medio del voto universal, así que convocar directamente a la elección de los delegados, sin un referendo previo, sería inconstitucional.

Lo que pretende Maduro es concentrar el poder y aniquilar las elecciones democráticas, sostuvo en la sesión el jefe legislativo, Julio Borges.

La oposición convocó a una megamarcha para este miércoles.

Maduro aseguró que la Constituyente comunal, obrera y popular tendría unos 500 delegados, de los cuales unos 200 serían elegidos por representantes del poder popular organizado.

Explicó que esta Constituyente tendrá un carácter plenipotenciario, por lo que podría cambiar la Constitución, las leyes o disolver poderes como la Asamblea Nacional, que está abiertamente enfrentada al Ejecutivo.

En el exterior, algunos gobiernos recibieron con preocupación el anuncio de Maduro. Los cancilleres de Chile y Argentina, Heraldo Muñoz y Susana Malcorra, respectivamente, señalaron que la situación de Venezuela se ha agravado con esta convocatoria, cuando el país enfrenta una crisis económica y política.

Estados Unidos, a su vez, acusó a Venezuela de cambiar las reglas del juego para retener el poder. El llamado del gobierno venezolano a una Asamblea Constituyente no parece un esfuerzo genuino para alcanzar una reconciliación que permita al país superar la crisis, expresó Michael Fitzpatrick, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental.

Estas acciones nos pueden dar una razón adicional para introducir sanciones individuales en Venezuela con base en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014, añadió.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, acusó a Maduro de promover un nuevo golpe de Estado. La convocatoria a una Constituyente atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta los derechos humanos de sus ciudadanos, y todo ello sólo tiene un nombre en el derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia, sostuvo.

Elías Jaua, presidente de la comisión para la activación de la Constituyente, señaló que la Asamblea Constituyente es el mecanismo ideal para resolver las controversias en Venezuela, fortalecer la democracia y neutralizar la violencia como herramienta política.

Uno de los temas que busca la Constituyente es lograr condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales que están en marcha... y los que vienen en 2018, las presidenciales, precisó al canal VTV.

En tanto, una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en El Salvador para discutir la crisis venezolana, terminó sin resolución final debido a la ausencia de siete países, entre ellos Brasil, México, Paraguay y Perú. Si bien no hubo resolución porque en este cónclave las resoluciones se toman por consenso, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo sentirse satisfecha por haber cumplido con el objetivo de informar a los presentes acerca de la situación en su país y destacó que se haya privilegiado el diálogo por sobre la violencia.