Buenos Aires.

La Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) investiga maniobras de vaciamiento del Correo Argentino mediante el desvío del dinero de su cuenta bancaria a empresas que la controlan, como Sideco y Socma, del Grupo Macri, lo que fue denunciado por la fiscal Graciela Boquín la semana pasada.

Esto volvió a traer al escenario político el grave escándalo sobre el intento del gobierno de Mauricio Macri de condonar la deuda que el correo adquirido por ese grupo empresarial en los años 90 tenía con el Estado argentino.

Precisamente los primeros retiros de fondos fueron el año pasado, cuando se estaba trabajando el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri sobre esa empresa postal, favoreciendo a éste con una rebaja de 98.87 por ciento de la deuda, lo que provocó un escándalo, que incluso afectó al gobierno más que el descubrimiento en abril de 2016 de Los papeles de Panamá, que revelaban cuentas abiertas en paraísos fiscales tanto en Panamá, como en Bahamas, que involucran al mandatario argentino.

Las investigaciones del diputado Darío Martínez, del Frente para la Victoria, quien imputó al mandatario el año pasado, en una denuncia penal, que comenzó con la participación de Macri y su familia en las sociedades Kamusha SA y Fleg Trading Ltd, llevaron a demostrar que una de estas sociedades había operado en Brasil, lo que negaba el mandatario. Pero la investigación fue más lejos, hasta establecer otra serie de sociedades offshore en distintos países del mundo, incluyendo cuentas en Suiza.

Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello, quien se propuso avanzar en esta causa a pedido del fiscal Federico Delgado, sorprendió a un año de haber comenzado sus investigaciones declarándose incompetente para continuar en la causa, luego de estar en la mira de los medios de comunicación masiva aquí como Clarín y La Nación, entre otros, que encubren a Macri.

Cassanello, quien había advertido sobre la falta de colaboración de las instituciones que debían hacer solicitudes a otros países en la investigación, entre ellas la cancillería, se desprendió de la causa que había logrado reunir importante documentación por el diputado Martínez y por investigaciones de algunos medios, como Página 12.

Esta acción de Cassanello intenta desvincular al mandatario de una operación de lavado de dinero. Detrás de esta situación también está evidenciada la vinculación del gobierno con algunos jueces que conforman salas de la Cámara Federal.

En el caso actual la misma fiscalía cuestionó el convenio entre el Estado y el Grupo Macri y lo declaró abusivo y ruinoso para las arcas públicas. De acuerdo con una reconstrucción hecha por Página 12 la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control del Estado, ya advertía en 2007/2008 sobre uno de los mecanismos dudosos utilizados luego para sacar dinero, que fue la compra por parte del Correo a Socma de acciones en una sociedad dedicada al negocio automotriz (Chery Socma SA), que nunca dio dividendos.

De acuerdo con la investigación, esta operación necesitaba una autorización del juzgado, pero todo indicaría que no la gestionó nunca. En el transcurso de 2016 el Correo retiró dinero en cinco ocasiones de las cuentas del Banco Ciudad, que corresponden al expediente, y logró retirar 10 millones de pesos con autorización de la juez Marta Cirulli, quien en 2015 no había permitido retiros, pero el año pasado cambió oportunamente de opinión, y volvió a rechazar un nuevo pedido para sacar plata en marzo último, cuando ya se había hecho público el escandaloso acuerdo.

Esto es lo que planteó la fiscal Boquín al interpretar que los retiros de dinero fueron improcedentes e injustificados y que en realidad se hicieron en beneficio de otras empresas del grupo Macri, en alusión a Socma y Sideco y en perjuicio para las cuentas del Estado. Abunda la funcionaria en una serie de detalles y mecanismos que se utilizaron con gran precisión.

Pero el gobierno ha movido sus piezas y despidió al procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, quien debía asumir la representación legal del Estado en remplazo del Ministerio de Comunicaciones, cuyo asesor jurídico, Juan Mocoroa, había firmado el cuestionado acuerdo con respaldo del ministro Oscar Aguad.

Balbín terminó una auditoría del concurso de acreedores el 10 de abril. Le puso su firma, y también lo hizo Guillermo García, jefe de Auditoría, quien también renunció. Como es evidente, se trataba de una investigación con resultados adversos al gobierno, añadió Página 12.

El nuevo procurador elegido es Bernardo Saravia Farías, abogado de un estudio que tiene como clientes a grandes empresas, entre bancos y mineras. En su cartera de clientes figura el Grupo Macri. Es la forma del accionar gubernamental.

Ex fiscal acusa compra de jueces

El ex fiscal adjunto del juicio a las juntas militares, Luis Moreno Ocampo, acusó al presidente Macri de comprar jueces para atacar a los enemigos y explicó, en declaraciones a una radio local, que el avance del mandatario contra la justicia es porque si te quedas con los jueces federales, los usas para atacar a los enemigos.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó la intención del Episcopado de llamar a la reconciliación sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar (1976-1983). No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto. Es un disparate, delcaró a la radio El Mundo.