Ivone Lara, Yarid Huerta, Rosario Martínez y Beatriz Moscoso llegaron desde distintas colonias del oriente a las oficinas provisionales al lado del Metro Constitución.

Al menos dos de ellas arribaron la noche anterior, sabedoras de la gran demanda propiciada por la oferta del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera: tres entregas de 3 mil pesos cada una en apoyo para renta a quienes hubiesen perdido su vivienda con el sismo del 19 de septiembre.

Muy temprano, aceptaron marcar en sus manos un número: la ficha que les correspondía en la cola. Hacia las nueve de la mañana, empleados de los módulos pegaron un letrerito en una de las carpas: Hoy no habrá mesa de atención para el programa de apoyo para la renta.

Varios centenares de personas pasaron a la acción y bloquearon la avenida Ermita Iztapalapa durante hora y media. Tras dialogar con los responsables del módulo, y luego de la aparición del cuerpo de granaderos, lograron la entrega de 600 papeletas y un compromiso verbal: que en un plazo de cinco días, personal del gobierno capitalino visitará sus viviendas para dar fe técnica de los daños causados por el sismo. Una promesa para salir del paso, claro, pues el personal técnico autorizado para la revisión de inmuebles ni siquiera ha podido concluir la de las escuelas.

Hacia el mediodía, sin embargo, las ciudadanas arriba citadas seguían ahí, aunque sin muchas esperanzas. A mi colonia ya pasaron tres veces los de Protección Civil, y nada, nomás nos dan vueltas.

La presencia de una fila de granaderos con sus escudos y toletes completó el cuadro de la improvisada atención que el gobierno mancerista bautizó con el pomposo nombre de Centro de Atención Integral para la Reconstrucción.

Yarid Huerta, empleada doméstica, dijo que por andar en trámites en busca de ayuda ha perdido varios días de trabajo y quiso enviar un mensaje: Al señor Mancera sólo le pido que si no va a dar el apoyo, mejor que no lo ofrezca. Ya basta de que se burle de nuestra necesidad.

Detrás de ella se armó el coro griego. Las voces de las vecinas se encimaron al hablar de los daños en sus viviendas y al mostrar las fotos de las grietas en sus casas, que portaban en sus teléfonos celulares o impresas a colores. Seguían ahí sin mucha convicción, con las papeletas entregadas en mano: Nos dieron hojas que no tienen ninguna validez, nomás para que nos vayamos.

El trámite se suponía simple. El capitalino que se hubiese quedado sin vivienda debido al sismo podía acudir a cualquiera de los 18 espacios habilitados por el Gobierno de la ciudad para solicitar su inscripción en un programa de apoyo para el pago de renta.

La mayor parte de los empleados comisionados en los módulos se aburrieron durante los primeros días, con excepción de los representantes de tres secretarías: la de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), encargados de atender la demanda de revisión de casas y edificios, y los de las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico (Sedeco), responsables de entregar un folio a los demandantes del apoyo para renta. El resto recibía las demandas de rutina, quizá con excepción de los de Seguridad Pública (SSP), que atendían las peticiones de vigilancia en zonas afectadas por el movimiento telúrico. Al menos en el caso de la SSP, se trató de una mera simulación, pues los empleados registraban la demanda ciudadana en unos formatos que no podían subir siquiera a la plataforma de la propia secretaría. Es decir, su petición de vigilancia especial se iba directo a la basura.

Con el folio referido arriba, los ciudadanos podían dirigirse al Instituto de Vivienda (Invi), donde había dado inicio el reparto de los cheques.

Así ocurrió hasta hace varios días, porque al correrse la voz, el número de ciudadanos que llegaron a demandar el apoyo fue creciendo, hasta que las autoridades de la ciudad decidieron cancelar el trámite.

En varios de los centros, además del ubicado en el Metro Constitución, se registraron pequeñas revueltas.

El problema empezó con los damnificados de siempre

Un empleado del gobierno de la ciudad que estuvo presente en los módulos, lo cuenta así: Los primeros días llegaron personas que simplemente no podían entrar a sus casas. Bastaba verles las caras. El problema comenzó cuando llegaron los damnificados de siempre. Igual que los demás, traían fotos de sus casas dañadas, pero en algunas era obvio que se trataba de daños anteriores al sismo, de problemas de humedad y de baja calidad en las construcciones.

Entre los damnificados de siempre ocupan un lugar especial los residentes en Iztapalapa, demarcación donde a la ancestral escasez de agua se sumaron los daños que el temblor ocasionó a 12 mil 500 viviendas (de las cuales, según la autoridad delegacional, tendrán que ser demolidas 4 mil 500).

La demanda de los ciudadanos de Iztapalapa rebasó con mucho la capacidad de los centros que se instalaron en la demarcación. Empleados capitalinos que atendieron módulos en Benito Juárez y Cuauhtémoc cuentan que tuvieron que abrir listas especiales para los residentes en la delegación del oriente de la ciudad.

Pasadas las dos de la tarde, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dejó fuera de funcionamiento los centros de atención integral, al menos en lo relativo a las rentas: a partir de hoy, dijo en las redes sociales, el apoyo para renta a personas damnificadas se otorgará mediante visitas a campamentos, albergues o en puntos reportados. El apoyo, añadió, se acerca aún más. La atención integral que falló en los módulos ahora será a domicilio.