La Misión Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo que responder a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sendas cartas que le envió esta instancia respecto de la preocupación que hay en centrales obreras mundiales por la iniciativa de reforma laboral mexicana que se encuentra en discusión en el Senado de la República.

El propio director general de la OIT, Guy Ryder, desde el 18 de diciembre del año pasado envió a la representación mexicana en Ginebra, copias de cartas de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) así como de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en la que estas centrales alertan y manifiestan su preocupación por el contenido de dicha iniciativa.

En esas misivas firmadas por el presidente de la AFL-CIO, Richard L. Trumka y la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, las centrales señalan que la reforma representa un retroceso grave a los derechos laborales fundamentales de los trabajadores mexicanos y libera prácticas de subcontratación (outsourcing) pues quita los candados que tenía, impide que los trabajadores puedan cambiar de sindicato, perpetúa la opacidad sindical y permite que continúe el sindicalismo de protección, entre muchas otras observaciones.

Según copias de los documentos intercambiados por la OIT y de la Misión Permanente de México en Ginebra, esta última le envió una respuesta al organismo internacional en la que el gobierno de nuestro país defiende dicha iniciativa, aunque señala que fue presentada por dos senadores, Isaías González Cuevas y Tereso Medina en el ejercicio de sus facultades legislativas.

La respuesta del gobierno de México es una ficha técnica que elaboró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuando esta dependencia era encabezada por Alfonso Navarrete Prida; se trata de 10 cuartillas, en las que se justifica que esta reforma no representa un retroceso a los derechos de los trabajadores, tampoco de la transparencia sindical y no afecta el derecho de huelga.

Es decir, la dependencia y la representación de nuestro país defienden ampliamente la propuesta de los senadores priístas, puntualiza incluso que en conclusión, de aprobarse la iniciativa en sus términos, se instrumentaría puntualmente el mandato constitucional de representación establecido en el artículo 123, y hace ver que dicha iniciativa es avalada ampliamente por el gobierno federal y no sólo por los dos senadores.