Río de Janeiro.

El presidente derechista brasileño, Michel Temer, viajó ayer a Río de Janeiro para definir las lineas del nuevo sistema de seguridad para este estado golpeado por la violencia, en el que el mando de la policía pasó al ejército tras un decreto firmado el viernes.

Temer anunció la creación del ministerio de seguridad pública luego de reunirse en Río de Janeiro con autoridades locales y algunos ministros para abordar la intervención militar en el combate contra la violencia en esa localidad, la más turística del país. De esta manera, las policías federal y de carreteras, así como el departamento penitenciario nacional y la secretaría de seguridad pública dejarán de formar parte del Ministerio de Justicia y pasarán a integrar la nueva cartera controlada por las fuerzas armadas.

No vamos a parar aquí. En breve, la próxima semana o la otra, quiero crear un ministerio extraordinario de seguridad pública, que coordinará la seguridad pública en todo el país, evidentemente sin invadir las competencias de cada estado federado, explicó Temer a periodistas.

Sería intolerable dejar la situación como estaba en Río de Janeiro, porque crea problemas en otros estados. Hay que proteger a los más vulnerables y para ello debemos unir nuestros esfuerzos, señaló el mandatario, quien no admitió preguntas de los reporteros.

Anteriormente la policía estaba controlada por los gobiernos estatales, pero el decreto firmado por Temer concedió el mando al general Walter Souza Braga Netto, subordinado directamente al Ejecutivo y no a las autoridades civiles.

Souza, quien también participó en la reunión de alto nivel, fue el comandante del dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de 2016.

En tanto, el secretario de seguridad pública de Río de Janeiro, Roberto Sá, fue apartado del cargo luego de la firma del decreto. Asimismo, la presidencia informó que el Ministerio de Justicia seguirá desarrollando políticas preventivas de combate a las drogas y de recuperación de activos económicos en el exterior. Además, será responsable de los temas relacionados con extranjeros y refugiados, el combate a los cárteles económicos y la defensa del consumidor.

Esta medida extrema, de intervención militar en labores de seguridad, se adoptó después de una escalada de la violencia durante el pasado carnaval, marcado este año por un aumento de las agresiones y robos a mano armada.