La falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. Las cifras son alarmantes: de cada 12 que ocurren al día en América Latina, siete se dan en México.

La cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de ese organismo, Elsa Conde, señalaron que no sólo corresponde a las autoridades federales, sino también a las municipales y estatales, combatir estos delitos mediante la armonización de sus legislaciones y de los protocolos internacionales para indagar los casos.

Aplicación pendiente

En entrevista con La Jornada, indicaron que hasta ahora se han emitido 29 procedimientos en 27 entidades para declarar la alerta de violencia de género contra la mujer, de las cuales 13 están ya están acatados, y el resto, en diversas fases para ser reconocidas.

Lamentaron que lejos de verla como herramienta para combatir el fenómeno, los gobiernos estatales consideren la alerta como golpeteo político, y los presidentes municipales ni siquiera aplican acciones para evitar e investigar los feminicidios. Aunado a ello, la Federación únicamente destinó mil millones de pesos para atender la violencia hacia las mujeres, que son “realmente insuficientes.

Hace poco, la CNDH presentó un diagnóstico sobre el mecanismo para emitir la alerta (que depende de la Secretaría de Gobernación y del que la CNDH forma parte), y se concluyó que el hecho de que la violencia feminicida no pare no es un problema del mecanismo en sí, sino de los estados y municipios donde se han declarado, donde no se ha dado una respuesta contundente.

Cruzvillegas y Conde apuntaron que además de los limitados recursos federales, las autoridades estatales no destinan montos para bajar la violencia ni atender al sector femenino.

“Si hiciéramos una revisión del presupuesto que invierten los municipios y las entidades federativas es prácticamente nulo. Es impresionante que en los municipios donde se observa violencia, el gobierno se siente como ajeno a esto; se ve como un tema del orden federal y no se observa la necesidad de intervenir desde ese ámbito de gobierno.

Las alertas se ven como golpeteo político y no como elemento para resolver de manera integral el problema. Cuando una mujer llega a un centro de salud con lesiones, no se ve esto como un primer elemento para atender y prevenir un posible futuro asesinato; no se atiende con una visión integral, sino que se considera un estigma político.

Subrayaron que todas las fiscalías y procuradurías del país deberían, en principio, indagar cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio –como ya se hace en Sinaloa– y posteriormente ir descartando y, en su caso, reclasificar la causa del homicidio.

Otro elemento, dijeron, es que cuando se emita la alerta, no sólo se notifique a los gobernadores locales, sino también a los congresos, a los poderes judiciales estatales y a las administraciones municipales, a fin de que se pueda responder de inmediato en los puntos donde se concentran estos delitos.

Las funcionarias indicaron que las cifras para estos crímenes son muy variables. El Inegi asienta que el promedio de defunciones femeninas por presunción de homicidio es 7.5 mujeres al día, pero los datos de las fiscalías locales señalan que de 2 mil 700 mujeres asesinadas durante 2017 sólo se reportaron como feminicidios 671. De ahí la necesidad de homologar incluso las cifras.