O cogemos a la buena o será a la mala. Si no, tu hijo no entra a trabajar, fue una de las advertencias de Juan Martín Gatica Izaguirre, delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en San Luis Potosí, a María de Jesús Almendarez Prieto, quien en 2013 era su subordinada en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de la entidad.

Pese a contar en su favor con dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –la cual acreditó en diciembre pasado que ha recibido tratos contrarios a su dignidad–, la víctima aseguró que el gobierno de Juan Manuel Carreras López no ha reparado de manera integral el daño, por lo que ayer presentó una nueva queja ante el organismo nacional a fin de alcanzar justicia.

Lejos de ello, denunció en conferencia, ha sido congelada, excluida y removida de la dependencia una y otra vez. Su desesperación llegó a tal grado que se encadenó por un mes en las oficinas de la Oficialía Mayor del estado.

Exige ser reconocida como víctima de agresión sexual (también hubo tocamientos y fue besada a la fuerza), recibir atención sicológica y medidas de protección y que se le reinstale en su puesto original, como recomendaron los organismos estatal y nacional de derechos humanos.

Junto a su abogado Tomás Coronado, la mujer señaló que se dictó orden de aprehensión contra su agresor, quien obtuvo su libertad bajo caución por tratarse de un delito no grave. El proceso penal se desarrolla aún en los tribunales y confió en que si bien no irá a prisión, sí quedará marcado como acosador.

Aseguró que de no obtener justicia acudirá a instancias internacionales. El principal responsable es el gobernador (Carreras López), no sólo por la falta de respuesta a los cinco escritos que le he dirigido entre mayo de 2016 y febrero de este año, sino por su indolencia ante mi situación, subrayó.