l Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) colocó ayer un instrumento financiero denominado Fibra E como parte de sus esfuerzos para allegarse los recursos económicos que aseguren las obras del futuro Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) sin importar los resultados electorales del próximo primero de julio. De acuerdo con la institución bancaria que gestionó la colocación de deuda, esta emisión permitió al grupo constructor captar 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 80 por ciento proviene de los fondos de pensión de los trabajadores.
Adoptada en un contexto en que uno de los candidatos a la Presidencia ha expresado su intención de revisar la viabilidad de la terminal aérea ubicada en Texcoco, así como la legalidad de los contratos otorgados hasta ahora para su construcción, esta maniobra financiera resulta potencialmente nociva para millones de ahorradores. En efecto, apenas hace dos semanas se reveló que en 2015 el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano adquirió más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido.
Si bien el caso del NAICM no presenta indicios de un riesgo de quebranto como el existente en la operación Pensionissste-ICA, subsiste el hecho de que ningún negocio de este tipo tiene garantizado su éxito, y esto al margen de la postura asumida por quien resulte elegido para encabezar el Poder Ejecutivo los próximos seis años. La existencia de este riesgo no es mera especulación: el mismo banco encargado de colocar la deuda admite que no se contemplan garantías para un retorno de la inversión, pues la tasa de interés se encuentra atada a los hipotéticos rendimientos de la terminal aérea.
Por otra parte, al vincular la construcción de la nueva terminal aérea con los fondos para el retiro, se crea una traba a cualquier intento de transparentar la manera en que se han repartido los contratos para las distintas obras, puesto que el patrimonio de los trabajadores mexicanos se ve condicionado al éxito financiero del megaproyecto. No puede presumirse que exista dedicatoria política en la estrategia de financiamiento seguida por el corporativo, pero sin duda lo deseable es que cualquier emprendimiento de infraestructura –y ciertamente uno con las dimensiones y la trascendencia del aeropuerto de la capital del país– se ejecute con garantías absolutas de que se han seguido las mejores prácticas en cada una de sus fases, lo cual requiere que éstas sean debidamente auditadas.
No menos grave resulta que una inversión de esta magnitud, para colmo presuntamente irreversible, haya sido tomada sin consultar o siquiera informar a los dueños del capital apostado, es decir, a los trabajadores que entregan una parte de su salario a las administradoras de fondos para el retiro con la expectativa de recibir un patrimonio con el cual solventar sus necesidades al finalizar su vida laboral. Que dicho manejo de los recursos depositados en las administradoras de fondos para el retiro se encuentre dentro de la ley no hace sino recordar las enormes deficiencias y lagunas regulatorias en que se mueve la actividad de estas entidades, facultadas para decidir arbitrariamente sobre el patrimonio de los ahorradores.
