l hecho de que el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (el 24 de marzo, por acuerdo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas) haya tenido escasa repercusión mediática en nuestro país refleja el déficit que la sociedad mexicana padece en esa materia.

La observación realizada ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según la cual el Estado tiene una deuda pendiente con familiares de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas –más de 32 mil, dice el organismo– ratifica que las autoridades están lejos de cumplir con la obligación ética y jurídica de garantizarles el derecho de conocer qué pasó con sus seres queridos, así como las circunstancias en que ocurrieron las desapariciones y las responsabilidades que existen por todas y cada una de ellas.

Pocas veces hay acuerdo entre las partes cuando se habla de la verdad, y por regla general en cada oportunidad las versiones oficiales difieren radicalmente de las que dan los familiares de las personas desaparecidas o victimadas. Tal fue el caso de la verdad histórica sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa esgrimida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y defendida por el gobierno contra toda evidencia y sentido común, o de las verdades oficiales acerca de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y Tlatlaya, que aportaron a los deudos más preguntas que respuestas.

En años recientes la noción de derecho a la verdad tiende a evolucionar para lograr resultados más concretos y hacerse extensivo no sólo a los familiares de las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, en el entendido de que ésta tiene el derecho inalienable de conocer cabalmente los hechos, así como las circunstancias en las que los delitos fueron cometidos, con la finalidad de que las situaciones no se repitan en el futuro.

Se busca, asimismo, que el Estado dé a conocer cómo, dónde, por quiénes y con qué motivaciones se produjeron las violaciones a los derechos humanos implícitas en desapariciones, secuestros y asesinatos, así como la identidad de sus perpetradores. Y, por otro lado, esa misma línea de pensamiento exige que la acción estatal vaya seguida del fin efectivo de la impunidad y del castigo a los culpables, porque una noción de verdad desligada de sanciones establecidas en la ley resulta irrelevante.

En México la confianza en las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia no gozan precisamente del mejor crédito entre la población, en especial porque su desempeño a lo largo del tiempo rara vez ha sido transparente y efectivo. Por ello no basta con hacer declaraciones periódicas de buenas intenciones en torno a la necesidad de limpiar el sistema judicial: para que el Estado (con este gobierno o con cualquier otro) se gane la confianza ciudadana que lo legitime plenamente en ese aspecto debe construir un aparato judicial operante y que vincule de manera definitiva la noción de verdad con la administración de justicia.