Integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas presentarán una solicitud de amparo en busca de que se lleve ante los tribunales al ex presidente Luis Echevarría Álvarez y a otros ex funcionarios y militares que pudieran haber estado involucrados en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.

A 50 años de la represión que puso fin al movimiento estudiantil, no hay un solo funcionario o militar que haya sido sentenciado; es necesario acabar con la impunidad de ese caso y de la masacre del 10 de junio de 1971, así como de las acciones de la llamada guerra sucia contra grupos y personas opositoras al gobierno, señaló Víctor Guerra, integrante del Comité 68.

Durante una conferencia de prensa, se informó que recurrirán a los tribunales y presentarán una demanda de amparo para que se reabra el proceso penal contra el ex presidente y se retomen las investigaciones de este caso por el delito de genocidio contra otros actores políticos que estuvieron involucrados.

“En tres sentencia consecutivas del Poder Judicial de la Federación, se estableció que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fue un genocidio, y que Luis Echeverría se encuentra libre porque le otorgaron un auto de libertad bajo reservas de ley, lo que equivale a una libertad condicional, una libertad provisional (…) También, por maniobras igualmente tramposas, el Poder Judicial negó el derecho a las víctimas de intervenir en el expediente, por ello es que de acuerdo con la reforma constitucional del artículo 20, se da la posibilidad a los afectados de impugnar las omisiones del Ministerio Público Federal”, señaló Dulce González, miembro del comité.

De esta manera, y con base en las reformas que en materia de derechos humanos se han realizado en México a consecuencia del proceso de la desaparición de Rosendo Radilla, en Guerrero, se pretende que se sancione a Echeverría Álvarez, quien en 1968 se desempeñaba como secretario de Gobernación.

Los integrantes del Comité 68 exigieron que la PGR continúe con la investigación ministerial para volver a consignar el expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/003/2002, que aún se encuentra abierta por el delito de genocidio.