Integrantes de la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción Inmobiliaria señalaron que la suspensión de obras que aplicó el Gobierno de la Ciudad de México el pasado martes es la evidencia de que la corrupción inmobiliaria imperó en la administración de Miguel Mancera, quien trabajó para crear un modelo de ciudad de protección y cobijo a los intereses empresariales.

Este modelo, que se impuso con toda fuerza en los años recientes, implicó la exclusión, especulación del suelo y desplazamiento de la población, porque “el negocio del cártel inmobiliario se basa en la expulsión de la población de los núcleos urbanos”, manifestaron los también afectados por los megaproyectos inmobiliarios.

En conferencia de prensa, aseguraron que las irregularidades encontradas tras la revisión de los expedientes constatan cómo se manejaron las instituciones para permitir el avance de las edificaciones.

Expusieron que las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, por lo que se busca la clausura definitiva y que se continúe con la revisión de las obras, porque los proyectos que avalaron no coinciden con la realidad de la ciudad.

Ante la proliferación de enormes edificios, los habitantes padecemos las consecuencia de las obras: falta de agua por acuíferos sobrexplotados, caos vial por colapso a toda hora y falta de servicios.

Los vecinos hicieron un llamado a los capitalinos para unirse y que se haga una revisión integral de las obras para conocer a fondo las afectaciones, ilegalidades y actos de corrupción y se dé la clausura definitiva de las construcciones.

Exigimos ser tomados en cuenta porque no actuamos solos: somos un grupo organizado, compuesto por asambleas, comités y representantes de todas las demarcaciones que trabajamos en defensa de nuestros derechos y con propuestas que deben ser consideradas por el actual gobierno durante la toma de decisiones que afectan nuestra forma de vida, concluyeron.