En la revisión inicial del paquete económico 2019 los grupos parlamentarios detectaron los primeros ajustes: por ejemplo, un incremento de los intereses de la deuda; un recorte de 20 por ciento al campo, aplicado en la disminución de los fondos para la Secretaría de Agricultura, así como cambios, por ejemplo, a la operación de fondos como el Fonregión, que permiten transferencias de recursos a los estados.

Se encontró un aumento del déficit de 8 por ciento, ya que deberán pagarse 503 mil millones de pesos por intereses de la deuda, monto mayor en 2 mil 466 millones de pesos al aprobado para 2018.

La disminución en Agricultura es de 6 mil 982 millones, dependencia que dispuso para este año de 64 mil 325 millones, y la propuesta del Ejecutivo es ahora de 57 mil 343.

El Programa Concurrente para el Campo tendrá un ligero aumento de 21 millones, al pasar de 320 a 341 millones.

Los diputados también identificaron que se propone un recorte de 20 por ciento en el subsidio a estados y municipios en el rubro de seguridad.

El Fondo Regional se constituirá en un fideicomiso y se eliminará la previsión de que 50 por ciento de sus recursos se destinarían a los tres estados con mayor pobreza, esto es Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

También se detectó que en la Secretaría de Gobernación se suprimió el rubro de recursos para personas desaparecidas.

El Poder Legislativo ajustó su gasto en 17 por ciento, de 15 mil 374 millones a 13 mil 2 millones. El Senado reducirá su monto de 4 mil 905 millones a 3 mil 940, y la Cámara de Diputados de 8 mil 239 a 6 mil 758 millones.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores se disparó de 17 mil millones a 29 mil millones de pesos, esto es, el denominado pasivo circulante crecerá 64 por ciento.

También el ramo Participaciones a Estados y Municipios creció de 811 mil a 914 mil millones de pesos, como parte del compromiso presidencial con los gobernadores.

Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas explicó que del total del gasto por 5 billones 814 mil millones de pesos, 4.1 billones corresponden al gasto programable, y de este monto 2.9 billones son al gobierno federal, 899 mil millones a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, y un billón a organismos de control directo.

Refirió que el recorte a los poderes y entes autónomos es de 13 por ciento.

De acuerdo con el centro, el proyecto está orientado a la eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos para promover el desarrollo y la productividad.

Así, en ese contexto plantea reasignación de recursos a proyectos y programas con reglas claras; elimina gastos innecesarios; desaparecen o fusionan programas duplicados o que no cumplen su propósito; se suprimen proyectos de poco impacto social o productivo y, en cambio, se financia infraestructura y programas sociales prioritarios.

Concluyó: La política de gasto descansa en dos pilares: disciplina fiscal y austeridad.