a promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia a los presos políticos se materializó ayer con la liberación de 12 personas encarceladas en 2013 por su presunta participación en el secuestro de dos sobrinos menores de edad del entonces dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Las víctimas de detención arbitraria –entre quienes se cuentan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como activistas y defensores de derechos humanos– permanecieron recluidas sin sentencia durante cinco años con ocho meses, y lograron su libertad gracias al desistimiento de la Procuraduría General de la República.

Es necesario saludar el inicio de la reparación del daño causado a luchadores sociales, ambientales y opositores políticos, quienes fueron privados de su libertad de manera ilegal por oponerse a proyectos impulsados o respaldados por los pasados gobiernos federales y locales, de manera acusada en los estados de Guerrero, México y Oaxaca.

En particular, debe indicarse que, al menos, tres de los casos –los de los defensores Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños y Enrique Guerrero Aviña– habían sido objeto de opiniones y observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual documentó los métodos feroces de detención empleados en su contra, la incomunicación y los abusos físicos y sicológicos a los que se les sometió, y a raíz de sus hallazgos solicitó al Estado mexicano tomar medidas para su liberación y compensación.

No se trata de la única instancia que ha destacado la naturaleza política de sus detenciones: entre otras, se han pronunciado al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y Front Line Defenders.

Como dejan al descubierto las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos, tanto como la actitud omisa e incluso beligerante con la que fueron recibidas por el gobierno anterior, poner fin al uso faccioso y arbitrario de los aparatos de procuración de justicia constituye uno de los grandes pendientes heredados por la administración federal entrante.

Cabe esperar que la puesta en libertad de estos 12 prisioneros de conciencia, que se suma a la de otros tres anunciada el pasado miércoles 19 por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, marque el inicio hacia la justicia y la plena restitución de sus derechos para todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad.