El gobierno federal se comprometió a reconocer públicamente la importancia de la labor de activistas y periodistas frente a los riesgos que actualmente enfrentan en el ejercicio de sus actividades; además sancionará a los funcionarios –federales y locales– que no respeten ni garanticen la seguridad de los miembros de esos gremios y cumplirá con todas las recomendaciones en la materia hechas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Lo anterior, en respuesta al diagnóstico que la ONU-DH entregó sobre el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que se presentó ayer.

En ese contexto, el titular de la oficina en México de la ONU-DH en México, Jan Jarab, presentó el contenido del reporte y algunas de sus 104 recomendaciones, entre las que destaca: dar prioridad a las causas que generan la violencia contra defensores y comunicadores; que desde las más altas esferas del Estado mexicano, comenzando por la Presidencia de la República, se reconozca la importancia de su labor, e instalar una mesa de trabajo de la junta de gobierno del mecanismo para realizar un monitoreo periódico del cumplimiento de las recomendaciones.

Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) –área de la que depende el mecanismo– expresó el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por cumplir con las propuestas hechas por la ONU-DH para transformar y mejorar esa instancia de protección.

Durante el acto pidió un minuto de silencio en memoria de los 15 periodistas y 24 defensores de derechos humanos que han sido asesinados en estos nueve meses de la nueva administración federal (de diciembre a la fecha).

La ONU-DH tiene registro de 11 periodistas y 14 defensores asesinados en lo que va de este año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que de 2000 a la fecha suman 153 homicidios de comunicadores y 21 desaparecidos desde 2005, mientras que de 2006 a agosto de 2019 hay 46 activistas asesinados y seis desaparecidos.

Mastache reconoció las limitantes del mecanismo (que opera desde finales de 2012) detectadas por la ONU-DH, como la falta de personal, con apenas 41 empleados; la carencia de medidas y protocolos preventivos para evitar ataques; fallas en el alcance para proteger a todas las personas en riesgo, entre otras.

Informó que se mejorarán las estrategias para contar con una mejor cooperación internacional y que a partir de octubre de este año comenzará la sustitución de los escoltas (de una empresa privada) que protegen a algunos de los beneficiarios por elementos de la Policía Federal, esto, dijo, podría representar un ahorro de 20 por ciento.

Jarab reconoció la apertura del gobierno federal para la elaboración del diagnóstico, en particular del subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, quien solicitó la realización del mismo. Es una expresión de su verdadero compromiso con los derechos humanos.

Al ser interrogado sobre si con el actual gobierno se percibe una situación de mayor riesgo contra comunicadores y activistas a diferencia de administraciones pasadas, Jarab subrayó que se mantiene la misma tendencia de años anteriores, pues en 2017 y 2018 se tuvo un promedio de un periodista asesinado por mes.

Para el funcionario internacional, no sólo se trata de reforzar y transformar el mecanismo, sino de mejorar en lo general la persecución e investigaciones de delitos y la seguridad pública en general.