La recién aprobada ley que considera un delito del crimen organizado la creación de empresas fantasma y el uso de facturas falsas responde a la necesidad de combatir un fenómeno muy grave de defraudación fiscal, pero al ser demasiado amplia podría afectar a empresas y contribuyentes cumplidos, advirtieron expertos en el tema.

Ramón de la Torre, especialista en derecho fiscal, afirmó que en México hay gran necesidad de mejorar los niveles de recaudación, porque los ingresos tributarios siguen siendo muy bajos en comparación con otros países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese contexto, aseveró, es positivo que exista una política que combata las operaciones financieras falsas, el problema es que la norma aprobada para ello es demasiado general y podría afectar a empresas cuyas actividades podrían encuadrar en faltas, sin que necesariamente estén cometiendo algún ilícito.

“La ley no debería ser tan general, sino concentrada en que los perjudicados sean los factureros. Tal vez no por mala fe, pero una empresa mediana o grande podría tener algún proveedor que incurra en faltas, y por ese solo hecho ya entraría en el supuesto legal de la delincuencia organizada”, advirtió.

De la Torre consideró que la legislación señala penas muy graves que, siendo realistas, no se podrán aplicar de manera generalizada, e hizo ver que en el paquete económico para 2020 existen propuestas más técnicas para evitar los actos de evasión y defraudación fiscal, que pueden servir más que las amenazas generales.

Fernando Sentíes, director general de Amitai, firma de consultoría en ética empresarial, coincidió en que el principio de acabar con las compañías factureras es correcto, pero advirtió que al aplicarse de forma muy amplia, la ley podría inhibir la actividad económica por el temor de las empresas cumplidas a incurrir sin querer en alguna falta.

El especialista indicó que la falsificación de facturas es un problema muy serio, pues se calcula que más de 8 mil empresas se dedican a ese ilícito, con lo que se ocasiona un daño de 60 mil millones de pesos al fisco, además de representar un instrumento para el lavado de dinero o la comisión de desvíos millonarios.

No obstante, consideró que la nueva legislación en la materia sí genera terror en personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Los evasores son minoría y las medidas que proponen pueden afectar a gente y empresas cumplidas, que por omisión, ignorancia o descuido podrían ser gravemente afectadas.