El segundo informe parcial de fiscalización a la Cuenta Pública de 2018 –último año de la pasada administración– señala 41 potenciales promociones de acciones legales, entre fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Secretaría de la Contraloría o el Tribunal de Justicia Administrativa; resarcitorias ante la Procuraduría Fiscal o penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como resultado de 74 auditorías a dependencias, alcaldías, entidades y órganos desconcentrados, de gobierno y autónomos.

El documento que entregó ayer la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) al Congreso capitalino refiere que hasta el 31 de octubre se interpusieron 10 denuncias penales y administrativas, cuatro contra las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Obras y Servicios, y la Agencia de Gestión Urbana (AGU) por irregularidades detectadas en la aplicación de apoyos y recursos de la reconstrucción.

En el caso de la Seduvi, la Auditoría pidió a la Contraloría revisar el total de expedientes relacionados con apoyos otorgados a damnificados del sismo de septiembre de 2017 que no presentaron certificados de reconstrucción de vivienda ni comprobaron gastos a partir de que en la muestra auditada detectó que una docena de damnificados no comprobó más de 14 millones de pesos y a seis más se les otorgaron apoyos por casi 2 millones de pesos, que ya habían recibido 35 por ciento de potencial constructivo adicional en la redificación de su inmueble, por lo que no tenían derecho al pago.

En la denuncia contra Obras, pidió de igual forma a la Contraloría revisar los expedientes relacionados con la contratación de obra pública relacionada con el sismo, al encontrar siete contratos con sobreprecios.

De otra auditoría a la misma dependencia junto con la AGU, denunció ante la Contraloría y la PGJ irregularidades, también con recursos para la reconstrucción, en trabajos de rencarpetamiento y mitigación de daños en vialidades secundarias de la alcaldía de Benito Juárez.

Denunció en la misma dependencia irregularidades en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos de la AGU, entre éstas, que el servidor público saliente (Jaime Slomianski) no entregó información o respaldos soporte de su operación en su entrega-recepción.

De la auditoría a la entonces delegación Álvaro Obregón, denunció ante la Contraloría y la PGJ irregularidades en contratos para obras de estabilización de taludes y complementarias de mitigación de riesgos en la demarcación.

El órgano auxiliar de fiscaliación del Congreso refirió que de las 74 autorías contenidas en el segundo informe parcial, se generaron 723 resultados que contienen 874 observaciones, por las que se emitieron 531 recomendaciones que están siendo notificadas a los mismos sujetos fiscalizados para su atención y seguimiento.