El Gobierno de la Ciudad de México trabaja con un protocolo para la revisión estructural de todas las escuelas de la capital del país, labor que ya se realiza en los planteles educativos públicos y que está por iniciar en los particulares, en un proceso que incluye el empadronamiento de los inmuebles.

Al señalar que el propósito es garantizar la seguridad de los edificios, subrayó que en el caso de las escuelas públicas se tiene un trabajo importante este año, mediante un convenio de colaboración firmado con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para las particulares, agregó, se tiene ya una estrategia junto con la Autoridad Educativa Federal para la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para emprender su revisión con base en los lineamientos fijados por el Instituto para la Seguridad de las Construccioneslocal.

Dichas disposiciones incluyen realizar un levantamiento físico de las escuelas en el que se recopilarán los datos generales del edificio como el año de construcción, ubicación, tipo de estructura, en lo que se denomina una evaluación de vulnerabilidad.

A partir de ese estudio, el instituto expedirá una constancia de uso condicionada en la que se definirá el nivel de atención que requiera el inmueble, y en caso de ser necesario se especificarán las acciones que el propietario de la escuela tiene que llevar a cabo para su rehabilitación y el plazo para su ejecución.

Una vez que se verifique que la escuela está en buenas condiciones y cumple con el Reglamento de Construcciones capitalino, podrá obtener la constancia de seguridad estructural ante la alcaldía correspondiente, la cual será obligatoria para los planteles.

Respecto de la aprehensión del director responsable de obra (DRO) del colegio Enrique Rébsamen, Juan Apolinar Torales Iniesta, el gobierno capitalino señaló que aún falta por detener a otro implicado en la construcción ilegal de un edificio adicional en dicho inmueble, que provocó su derrumbe durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, y en el que murieron 26 personas.

Al señalar que la Procuraduría General de Justicia local tiene abiertas otras cuatro investigaciones relacionadas con inmuebles dañados por el terremoto, expresó que se mantiene en contacto con los padres de los niños fallecidos y que la detención del DRO es un paso más para que se haga justicia en ese caso.