A más de ocho años de descubiertas las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en donde se encontraron restos de casi 200 personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por violaciones graves 23VG/2019, pero en ese documento no se demanda el derecho a la verdad para los familiares de las víctimas, señalaron organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y diversos comités de familiares de víctimas de desaparición de El Salvador, Guatemala, Honduras y México señalaron que las recomendaciones y observaciones emitidas por el organismo público sobre las dos masacres de San Fernando (2010 y 2011) y la de Cadereyta (2012) han tenido fallas graves en la investigación de los hechos.

Desde su primer informe de secuestros de migrantes en 2009, indicaron los colectivos, la CNDH había documentado que en estos casos había participación directa de agentes del Estado, pero no se encaminó hacia una investigación por violación al derecho a la vida o integridad por plagios u homicidios de personas en tránsito, por parte del Estado mexicano.

De igual forma, tanto en el primero como en el segundo informe de secuestros de migrantes –emitido este último en 2011– existen testimonios sobre servidores públicos involucrados directamente en secuestros de personas migrantes, los cuales no fueron incorporados en la recomendación final sobre el caso.

Otro aspecto que las organizaciones firmantes consideraron como grave es que la CNDH mencionara en su recomendación del caso de las fosas clandestinas de San Fernando que policías municipales bajaban de los autobuses a personas migrantes, sin que haya profundizado en la investigación de estos hechos, como tampoco indagó el papel de la presidencia municipal de esa localidad tamaulipeca y otras autoridades que pudieran haber participado por acción o por omisión.

Por todo lo anterior, concluyeron que la CNDH ignora su propia evidencia citada en la recomendación, no profundiza ni establece responsabilidades, por lo cual no ha cumplido con el derecho a la verdad para las familias y la sociedad.

Los colectivos subrayaron que las recomendaciones del organismo fallaron en el punto más importante, que era investigar por qué sucedieron las masacres y de qué forma el Estado ha participado, ya sea por acción u omisión, por lo que llamaron al próximo titular del organismo a trasformar de fondo la institución para que este tipo de irregularidades dejen de ocurrir.