Al inaugurar un foro en el que representantes de comunidades originarias y afromexicanos presentaron a la Secretaría de Gobernación propuestas encaminadas a la integración de sus derechos en la Constitución, la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Josefina Bravo Rangel, recalcó que, además de dichas contribuciones, se integrarán como parte esencial las iniciativas originadas en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Una reforma de tal magnitud, dijo, debe ser producto de una construcción colectiva, por lo que se llevó a cabo un proceso de consulta con 68 comunidades por medio de 54 foros regionales, además uno nacional y otro realizado en la ciudad de Los Ángeles.

El 9 de agosto pasado, recordó, fue presentado al Ejecutivo federal los resultados de dichas consultas, que representan el principal insumo para la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional.

Derechos limitados

Al inaugurar el foro Retos y perspectivas de la reforma constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, Bravo Rangel reconoció que hay una deuda pendiente con las comunidades originarias de México, al haberse incorporado de manera limitatitiva sus derechos en la reforma constitucional de 2001, dejando de lado los temas torales de la iniciativa de la Cocopa.

Después de 25 años del levantamiento armado zapatista, agregó, hay nuevos aires de esperanza que recorren el país; las nuevas circunstancias políticas nos obligan a colocar en la agenda legislativa la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución, teniendo como base los acuerdos de San Andrés Larráinzar.