Buenos Aires. El gobierno del presidente Alberto Fernández tomó una serie de urgentes medidas ante la crítica situación del país y enviará la ley de solidaridad y reactivación productiva de inmediato al Congreso; además de las leyes de emergencia económica, sanitaria y poniendo en función real la de emergencia alimentaria, que nunca implementó la administración del ex presidente Mauricio Macri.

Fernández decretó que durante 180 días las empresas dejen de despedir trabajadores, e impuso que durante ese lapso haya una doble indemnización por despidos injustificados, como los miles que hubo en los pasados cuatro años con Macri.

La prioridad es que antes de fin de año comience a funcionar el Plan contra el Hambre, en el cual se comprometieron diversos sectores de la sociedad y empresariales. El centro de atención del mandatario son los trabajadores y jubilados de ingresos más bajos; los titulares de asignaciones sociales por hijo, que cobrarán un fondo más alto para intentar actuar lo más rápido posible ante la dramática situación que están viviendo. También dispuso sumas fijas para los que ganan salario mínimo y para los empleados públicos de menores escalas, así como refuerzos previsionales y en la seguridad social.

Se trata de la inmediata respuesta ante el tema del hambre y de la pobreza que alcanza a 41 por ciento de la población y a la vez para comenzar un proceso inmediato de recuperación económica con base en la demanda, y en este caso con una distribución progresiva del ingreso. Todos los funcionarios están trabajando activamente en estas horas y el mandatario solicitó al Congreso reuniones extraordinarias en los próximos días, con la finalidad de detener el avance de la pobreza, al comprobarse que las últimas cifras de desempleo son de casi 11 por ciento; en provincias son mucho más altas.

El analista Luis Bruchstein en Página 12 afirmó: Las primeras medidas del nuevo Gobierno; las que salieron como por un tubo el primer día: suspensión de los fondos reservados para los espías, protocolo para la interrupción legal del embarazo, reposición de la paritaria nacional docente, anulación del aumento de 25 por ciento de la electricidad en el distrito bonaerense y recepción de Evo Morales como refugiado político. No son las más importantes que habrá, pero dan el primer perfil de la gestión Fernández. El país respira como el ahogado que resurge a la superficie. El lenguaje, los primeros gestos, crean la atmósfera, son el nuevo oxígeno que reaviva cuando ya no se aguantaba más.

Lo más grave es que el último mes en que Macri estuvo en el gobierno los aumentos en alimentos y demás precios se dispararon o, como se dice aquí, los dispararon, y los registros determinan que la inflación anual por todo esto estará muy cerca de 60 por ciento. Una escalada dramática para la situación en que ya estaba el país.

En el último trimestre del año las subidas de la inflación fueron de 3.3, 4.3 y más de 5 por ciento el último mes.

En el tema judicial se pondría en marcha el sistema penal acusatorio que dará mayores facultades a los fiscales, restará discrecionalidad a los jueces federales que quedarán destinados a ser jueces de garantías, para que no vuelva el escenario vivido en estos años con la gravísima violación de garantías constitucionales que debilitó al estado de derecho en el país.

Además, el mandatario anunció que enviará al Senado la próxima semana el pliego del ahora juez federal Daniel Rafecas para el cargo de procurador general, jefe de los fiscales. Este magistrado es muy reconocido, y ha producido fallos impecables, desafiando presiones y amenazas, además de tener un alto nivel académico que todos le reconocen.

A esto se añade la decisión presidencial anunciada durante el acto de asunción del mando, donde anticipó la necesaria reforma de la justicia federal y la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia, y especialmente utilizar los fondos reservados para los espías para solucionar los problemas prioritarios de un país al que los políticos y analistas coinciden en llamar tierra arrasada.

A esto se agrega la decisión del ministro de salud pública, Ginés Gonzáles García, de habilitar la aplicación del protocolo actualizado para los abortos no punibles. “Este protocolo iguala derechos –dijo–, queremos que esto sirva como lo que es: una guía de respaldo”. Las nuevas disposiciones en este periodo posibilitarán a las provincias que tienen distintos puntos de vista sobre el tema tomar también decisiones más avanzadas.