l Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la organización no gubernamental Red Global de Acción Legal (GLAN, por sus siglas en inglés) presentaron ayer una denuncia en contra del gobierno italiano por enviar a Libia a migrantes rescatados en el Mediterráneo. De acuerdo con la ONG, se trata de la primera denuncia en la que se aborda la práctica denominada privatised push-backs; es decir, la contratación de embarcaciones comerciales para transportar a refugiados hacia regiones donde no existen garantías de seguridad.
Esta práctica, llevada a cabo por Italia y otros países de la Unión Europea, resulta en sí misma violatoria del derecho internacional, pero cobra un cariz francamente monstruoso porque las devoluciones
se dirigen hacia Libia, donde es sabido que hoy por hoy no existe un Estado capaz de responder por la suerte de los hombres, mujeres y niños arrojados a manos de los grupos criminales que controlan este territorio norafricano.
Ningún gobernante europeo puede alegar desconocimiento de los peligros a los que se ven condenados quienes recalan en Libia: desde abril de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció laexistencia de mercados de esclavos donde las personas son vendidas con fines de explotación laboral o sexual y meses después publicó un extenso informe sobre esta catástrofe humanitaria. El velo de silencio que los líderes occidentales intentaron echar ante la evidencia presentada por la OIM se vino abajo con la difusión de un video, en noviembre del mismo año, en el que un grupo de jóvenes son subastados por entre 400 y 800 euros.
Asimismo, es necesario recordar que la desintegración de Libia en una serie de territorios controlados por facciones armadas es resultado directo de la intervención de las potencias occidentales, con la Unión Europea a la cabeza, para deshacerse del extinto líder Muammar Kadafi, cuyo derrocamiento dejó un vacío de poder que hundió a la otrora potencia regional en el más severo caos.
Un patrón semejante se repite en otros de los principales expulsores de migrantes, como Siria, Afganistán, Malí, Somalia, la República Democrática del Congo, donde la intervención armada o mediante diversas prácticas predatorias de extracción de la riqueza por parte de gobiernos y empresas occidentales ha dejado tras de sí una estela de devastación que ha tenido como consecuencia que millones de personas se vean obligadas a buscar lugares donde ponerse a salvo.
En suma, los estados europeos no sólo exhiben una monstruosa indiferencia ante la suerte de los migrantes que devuelven ilegalmente a las costas africanas, sino que además son responsables tanto de las condiciones que los obligaron a migrar en primera instancia, como de las vejaciones a las que se ven sometidos tras la deportación.
No menos condenable es el papel jugado por las empresas que lucran con la tragedia, las cuales se hacen cómplices de todos los crímenes cometidos contra las personas en movilidad en los lugares donde los obligan a desembarcar. Cabe esperar que, más allá de la acción legal promovida por la ONU y GLAN, las sociedades del viejo continente reaccionen ante las atrocidades cometidas en su nombre y exijan a sus gobernantes poner fin a la ignominia en curso.
