Ures, Son., La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó la existencia de concentraciones de metales pesados que exceden la norma oficial mexicana en las aguas que consume la población cercana al río Sonora, según el resultado de un muestreo recabado en 60 puntos afectados por el derrame de al menos 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado provenientes de instalaciones del consorcio minero Grupo México en agosto de 2014.

Habitantes de los siete poblados aledaños al río Sonora, abandonados por autoridades federales y la minera de Germán Larrea, manifestaron incertidumbre ante la falta de información sobre su estado actual de salud y la calidad del agua de los pozos que alimenta el cauce contaminado por Grupo México; exigieron al gobierno federal que intervenga de inmediato y haga valer sus derechos a la salud y al agua.

Este miércoles, funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvieron por primera ocasión una reunión informativa con unos 200 afectados de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo en el teatro Jesús Choby Ochoa, en el municipio de Ures.

El principal reproche de los pobladores fue el abandono de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), que brindaría atención médica a los damnificados y quedó en obra negra en noviembre. Grupo México notificó que el edificio fue entregado en comodato a la cuarta Zona Militar para que sea utilizado como cuartel de la Guardia Nacional.

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, se comprometió a investigar el estado jurídico del inmueble y aseguró que desconocía la situación de salud de los pobladores de la ribera.

No conozco el hospital, pero tomando en cuenta que a lo largo del río hay hospitales y centros de salud deteriorados, existe la posibilidad de que siga (la Uveas) o se deje a la Guardia Nacional. Hay que analizar si conviene modificar o si tendremos un gasto innecesario, expresó ante las decenas de afectados que le reclamaban atención a su salud.

Mientras, la Secretaría de Salud se comprometió a equipar un nosocomio con quirófano, además de enviar especialistas para atender a los enfermos.

Antes de escuchar los daños ambientales, sociales y económicos que ha causado el derrame, José Alonso Novelo Baeza, director de la Cofepris, señaló que un estudio reveló la existencia de altas concentraciones de metales pesados en las aguas que consume la población, pero no detalló cifras. Anunció que la dependencia federal realizará un segundo estudio en las redes de pozos que confirme la presencia de metales pesados y los riesgos para la gente.

También continuaremos visitando los espacios laborales de la mina Buenavista del Cobre. Según los resultados preliminares, están cumpliendo la norma. Respecto al saneamiento ambiental, se hará en conjunto con el ayuntamiento, declaró Novelo Baeza.

Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), sostuvo que es obligación de las autoridades federales exigir a la empresa trasnacional de Germán Larrea pagar por todos los daños a la salud y el medio ambiente.

En la reunión expuso que sus recientes análisis en la mina de Cananea arrojaron que Buenavista del Cobre no presentó información completa.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un amparo que analiza si el fideicomiso (creado después del derrame) era privado o si hubo actos de autoridad. Se analiza también la remediación.

Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Semarnat, expuso que más de cinco años después del desastre ambiental más grave de la historia de la minería en el país se requieren acciones y no promesas, por eso queremos escucharlos: agua limpia, médicos, medicamentos y atención a los habitantes.

Toledo Manzur calificó de inconcebible que el consorcio de Germán Larrea reporte ganancias anuales de más de 100 mil millones de pesos por extraer el cobre del territorio sonorense y aún así se niegue a resarcir los daños causados por el derrame.

Por conducto de los comités de cuenca del río Sonora, los habitantes comenzaron una lucha legal que hoy incluye 14 juicios abiertos contra la compañía del segundo hombre más rico de México, a quien demandaron por ecocidio y violación a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

La compañía de Larrea ha incurrido en 55 irregularidades, de acuerdo con la Profepa, entre ellas negligencia en el cumplimiento de normas sobre manejo de lixiviados y residuos peligrosos.