n avión tripulado e invisible a simple vista realizó uno o varios vuelos por todo el territorio de Ciudad Juárez. Equipado con varias cámaras capaces de tomar una fotografía por segundo, la información almacenada (un mapa del tamaño de toda la superficie citadina, como aquel imaginado por Borges) habrá ido a parar a una minuciosa y muy tupida base de datos.
Tal información permitió localizar casi sobre la marcha a los autores de un asesinato cometido en una mujer policía. No se sabe qué contenía esa información, además de lo relacionado con propósitos de vigilancia, prevención y seguridad pública. La cámara no discriminaba entre aquello vinculado al tema y numerosos actos de lo que se considera la vida privada de las personas. Pero esa información podría ser objeto de mal uso: compra, manipulación y diversos actos ilícitos (chantajes económicos o políticos, venganzas, desapariciones forzadas y un largo etcétera).
El experimento a que me refiero tuvo lugar durante el sexenio de Calderón. En una sola década, la tecnología ha avanzado en dimensiones que no dejan de sorprendernos. Una de estas sorpresas fue la aparición de los drones. La fabricación de estos artefactos debió suponer, en sus inicios, una considerable inversión. No pasó demasiado tiempo antes de que sus costos se abatieran al grado de que hoy pueden ser adquiridos por cualquier ciudadano de ingreso medio.
Para la venta de los drones se ha empleado los recursos de la publicidad comercial. Una empresa se anuncia por la voz de un empresario dedicado a la construcción de drones. Antes trabajaba para una industria similar, pero advirtió que sus precios subían injustificadamente y prefirió separarse e iniciar su propia industria. Ahora, según esto, fabrica sus drones con mayor calidad y los ofrece a mejores precios.
Los gobiernos y dependencias públicas nunca se han distinguido por adquirir bienes y equipos como lo haría cualquier ciudadano: buscando lo que esa nueva industria fabricante de drones dice buscar: la mejor calidad al precio más bajo. El gobierno de Nuevo León, por ejemplo, adquirió un dron para destinarlo a labores de seguridad (sus índices en el rubro son de los más altos en el país). Invirtió en el aparato 54 millones de pesos. Hace ya varios meses se efectuó tal adquisición. Las vicisitudes de este dron le dieron a la prensa bastante material para cuestionar su compra y su funcionamiento. (Acaso no venía con el instructivo correspondiente). De los pocos vuelos que pudo haber realizado, en uno, se informó vagamente, tuvo un leve percance aeronáutico al aterrizar; permaneció en bodega –por decirlo así– más tiempo de lo previsto, y al cabo se canceló su compra señalando que, en realidad, sólo había costado 25 millones de pesos.
Los drones se han agregado a los muy diversos dispositivos de control social (medios de espionaje, ante todo) sin que a la seguridad civil se le haya podido bajar una rayita. La sociedad civil tiene ya demasiados controles sobre sí como para que se le sumen otros que vienen acompañados por el prestigio de la ciencia y de la novedad tecnológica, pero cuyo uso se puede fácilmente apartar de toda norma.
Hay un radio de los individuos que debe quedar protegido de cualquier intervención de los demás y del Estado. El totalitarismo es tentación de todos los gobiernos por más que intenten, según su argumento, atacar males y proteger valores sociales. Pero también lo es de empresas y de individuos que pretenden tener, gracias a su fortuna (por lo menos en los países capitalistas), un cierto grado de control sobre los demás, que siempre tenderá a ser cada vez más amplio. Práctica frecuente es, en las solicitudes de empleo, un ejemplo entre muchos, el llenado de formas donde se pide información sobre cuestiones que sólo incumben al ámbito privado del solicitante.
Hace más de 400 años, Francis Bacon precisó con toda claridad: saber es poder. Los que lo han ejercido, sin tener que expresarlo, se han valido de la mayor cantidad del conocimiento disponible manteniendo en secreto, igualmente, todas sus aristas y claves estratégicas. Los habitantes de toda sociedad –creo que es un deber– jamás harán suficiente para disputarle a las élites sociales de los hemisferios público y privado del Estado los conocimientos que sus aparatos y tecnología les permiten mantener en secreto a costa, con frecuencia, de la capacidad ciudadana para intervenir en la información vinculada con sus diversos intereses y con la orientación y ejecuciones del gobierno.
Lo que en México conocemos como garantías individuales debe ser objeto de cuidado y protección invariable por parte de los órganos, funcionarios y agentes del gobierno. Tales derechos no pueden quedar expuestos a los riesgos implicados en el uso de las nuevas tecnologías presentes en muy diversos instrumentos –los drones, entre ellos. Por lo mismo, su empleo requiere ser regulado.
