ctivistas y representantes de los trabajadores de empresas maquiladoras ubicadas en Baja California, protestaron ayer en contra del gobierno de la entidad por permitir la reapertura de plantas industriales mediante una reclasificación de sus actividades como presuntamente esenciales. En un manifiesto dado a conocer por distintas organizaciones, denunciaron como criminal la decisión del gobernador, Jaime Bonilla, cuya administración sostuvo que los trabajadores están más seguros dentro de las empresas, y, asimismo, denunciaron que los dueños de las fábricas anteponen sus ganancias a las vidas de los empleados.

Tijuana, ciudad fronteriza donde laboran 232 mil de las 332 mil 533 personas adscritas a la industria manufacturera de Baja California, se ha vuelto un caso tristemente emblemático, debido a que la ciudad acapara 153 de las 223 muertes producidas por la enfermedad Covid-19 hasta el pasado 30 de abril en la entidad, lo cual la convierte en la zona más afectada dentro del estado que ocupa el segundo lugar en número de muertes y el tercero en contagios a escala nacional. En Ciudad Juárez, otro de los grandes centros manufactureros del norte del de la República, los trabajadores denuncian que al menos 25 personas que laboraban en las maquilas han muerto a causa del coronavirus.

Desde inicios del mes pasado, los trabajadores han denunciado la negativa de decenas de empresas a cumplir con las medidas dispuestas por las autoridades federales para frenar la propagación de la pandemia, así como la inacción o incluso la connivencia de autoridades de distintos niveles al permitir que las plantas continúen abiertas. Entre las prácticas registradas en compañías de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y otras ciudades del norte del país, se encuentra el obligar a los obreros a ejercer sus labores en condiciones que violan cualquier protocolo de prevención: desde la ausencia flagrante de la sana distancia necesaria para reducir el riesgo de contagio, hasta la negativa a permitir el lavado de manos o a proporcionar insumos de protección personal. También se ha señalado que algunas plantas se niegan a cerrar, incluso cuando existen casos comprobados de contagio entre sus trabajadores que han producido muertes entre los mismos, pese a que semanas antes habían alertado a los patrones sobre los riesgos, e incluso se ha despedido al personal que se atreve a denunciar la situación.

En suma, ante la crisis sanitaria que enfrenta la nación, algunas de las empresas maquiladoras han hecho gala de una irresponsabilidad temeraria y una notoria falta de consideración por el bienestar de sus trabajadores, muchos de los cuales ya enfrentaban condiciones adversas antes de la pandemia: como es sabido, la industria maquiladora es un modelo de negocio basado en atraer procesos de manufactura con el perverso incentivo de una reducción de costos lograda a expensas de la precarización laboral, las altas tasas de explotación y los bajos salarios.

Cabe esperar que las autoridades de todos los niveles dejen atrás cualquier actitud omisa y, en cambio, cumplan con su deber de proteger las vidas de los centenares de miles de empleados que se encuentran expuestos al contagio en estas plantas. Asimismo, las autoridades en materia laboral deben impedir represalias por parte de los patrones contra quienes han exigido el respeto a su derecho a la vida y la salud.