Morena aceptó que sea la Cámara de Diputados, a solicitud del Presidente, la que haga la declaratoria de emergencia económica, antes de autorizarle la reorientación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como fijar la temporalidad de la medida.

Luego de un debate en parlamento abierto con el jurista Diego Valadés y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte –quienes indicaron que en la Constitución no existe la figura de emergencia económica–, el coordinador de Morena, Mario Delgado, también convino que la cámara cuente con un consejo fiscal, como plantearon los coordinadores de PAN, MC y PRD. El PRI se ausentó de ese foro.

Esas bancadas sugirieron que, en lugar del proyecto presidencial, se avale un presupuesto de emergencia o suplementario, y señalaron que autorizar al Presidente la reasignación de 10 por ciento del gasto neto total podría permitirle modificar los montos dispuestos para universidades públicas, transferencias a estados y municipios, el Congreso, el Poder Judicial y los órganos autónomos.

Durante una sesión de parlamento abierto, el jueves, Valadés estimó que con una cirugía menor al artículo 21 de la ley podría permitirse al Ejecutivo reorientar el gasto, sin afectar el presupuesto, que en el orden constitucional es facultad exclusiva de la cámara.

Planteó que en dicho artículo se incluya que, en caso de una menor recaudación y ante una emergencia económica declarada por la Cámara de Diputados o una acción extraordinaria en materia de salubridad general –que incluya epidemias o problemas críticos de carácter ambiental– el Ejecutivo podrá solicitar a la cámara una reasignación.

Con ello se evitaría la discusión y la justificada reacción social, considerando que se trata de ampliar las facultades discrecionales del Presidente y reducir los espacios de operación política de la cámara.

Salazar Ugarte, en tanto, señaló que la figura de emergencia económica planteada por el Ejecutivo en su iniciativa es susceptible de una valoración constitucional.

Consideró importante salvaguardar el nuevo artículo 21 ter, que propone el Presidente, de una posible inconstitucionalidad y ser susceptible de ser controvertido ante la Suprema Corte.

Blindar la reforma constitucionalmente es fundamental e incluso resolver los problemas de base constitucional en la propuesta.