San Cristóbal de Las Casas, Chis., Veinte organizaciones sociales, colectivos y comunidades exigieron, a los tres niveles de gobierno, el cumplimiento de las medidas cautelares MC-506/14, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para salvaguardar la vida e integridad física del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, amenazado de muerte en días pasados.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otras autoridades, demandaron implementar de manera urgente el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, pidieron realizar urgentemente una investigación en contra de los responsables de las amenazas al sacerdote de origen tzotzil, quien también se desempeña como coordinador de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Exigieron detener, consignar ante los tribunales y vincular a juicio a los responsables e informar a los afectados y a la sociedad sobre su cumplimiento.

Pidieron a los gobiernos federal y estatal que se haga justicia pronta e inmediata a todos los representantes sociales, estudiantes, ambientalistas y activistas defensores de las garantías constitucionales que han sido asesinados en el país, para terminar con esta larga cadena de impunidad, complicidad y corrupción que mantiene agraviados y en permanente peligro a nuestros pueblos y comunidades.

Señalaron que debido a la crisis de violencia, inseguridad e impunidad que vivimos en México, agravada aún más por los efectos de la pandemia, muchos líderes sociales, estudiantes, ambientalistas y luchadores en pro de los derechos humanos han sido asesinados por grupos de poder económico, político y delincuencial, durante el actual y anteriores gobiernos, con el fin de continuar imponiendo el modelo neoliberal y los megaproyectos trasnacionales, así como contener y reprimir las justas luchas y movimientos sociales en beneficio denuestros pueblos y en defensa de la vida, el territorio y los recursos naturales.

Entre las agrupaciones que firman el documento se encuentran el Colegiado Plural por un Estado de Justicia y Equidad, el Comité de Padres y Madres de los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, el Congreso Estatal de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Chiapas, el Consejo de Representantes Indígenas y de Organizaciones de la Sociedad Civil de Chiapas.