En un documento titulado La nueva normalidad, dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Puebla, Morelos y Veracruz, organizaciones sociales de dichas entidades y unas 200 personas de la sociedad civil demandan que aquéllos “se abstengan de seguir promoviendo el modelo de desarrollo extractivista, de servidumbre de paso y ocupación temporal causante de la devastación ecológica y responsable estructural de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta”.

Específicamente exigen que se cancele la construcción de infraestructura “para megaproyectos como el Canal Interoceánico y el tren mal llamado maya, pues no pueden considerarse actividades esenciales ni prioritarias”. Lo mismo para “toda actividad minera en territorios de pueblos originarios: ni ésta ni la producción de autopartes son actividades esenciales”.

El “enérgico llamado” a los gobiernos federal, estatales y municipales de las entidades consideradas para los megaproyectos y sus derivaciones se centra en los estados y regiones que comparten también el hecho de contar con numerosa población indígena y mayor concentración de pueblos y territorios dedicados a la agricultura y otras actividades esenciales para su sobrevivencia.

De ello se desprende un decidido rechazo a la militarización de sus territorios, sea “para resguardar al capital extractivo” o para cualquier “acción represiva”. Y advierten: “Bajo ninguna circunstancia la aceptaremos”. En cambio, demandan respeto al derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a la libre determinación, incluidos el derecho a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso a las actividades escolares y otras.

Puesto que la salud “depende directamente de la alimentación”, exigen priorizar un “programa de emergencia alimentaria para la población en condición de miseria, pobreza extrema y pobreza”.

Según el documento, las autoridades deben respetar “la cultura milpera y maicera de los pueblos”, propiciar “la recuperación del amaranto para la dieta diaria” y que se honren “las semillas y los modos agroecológicos de producción indígena y campesina en México”. Esto implica “castigar la especulación y el desabasto de alimentos”.

Para la protección alimentaria se pide cumplir con el derecho de los campesinos a los subsidios necesarios “para mantener la producción y distribución de excedentes”. El Estado deberá garantizar el abasto de alimentos básicos “comprando a pequeños productores” y protegiendo “el piso de precios de garantía”.

Según el texto, se deberán cancelar “todas las concesiones mineras que envenenan el agua” y dar por terminada la extracción del vital líquido “de manantiales, pozos y ríos por empresas refresqueras, cerveceras y todas las que están privando del derecho al agua a la población”.

Solicitan crear condiciones y otorgar presupuestos “para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad”.

Las organizaciones firmantes exigen que se posibilite “la salud integral de los pueblos y el seguro social público, gratuito y universal”, incluyendo la puesta en marcha y cumplimiento de cuidados sanitarios para “las y los trabajadores agrícolas migrantes”.

Por último, instan al Estado a que distribuya los insumos al personal de salud en el sistema público sanitario “y se garanticen sus derechos laborales integrales”.