La iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que quedó temporalmente en la congeladora– implica el riesgo de que se intervenga de forma inadecuada en el fideicomiso mediante el cual se manejan los recursos para el Mecanismo de Protección de ambos gremios, con la idea equivocada de que todos esos esquemas financieros son opacos y deben desaparecer.

Comunicadores y activistas señalaron que una eventual intervención equivocada de los fondos del citado fideicomiso podría hacer que el mecanismo se vuelva una instancia ineficiente y burocrática, lo cual dejaría en la indefensión a muchas personas cuya vida y seguridad dependen del buen funcionamiento de ese organismo.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que aunque muchos fideicomisos pudieron ser utilizados en gobiernos pasados para desviar recursos de manera ilícita, lo cual debe ser investigado y sancionado, no se puede generalizar y decir que todos son irregulares y deben desaparecer.

“Cuando se dice ‘todos los fideicomisos han sido opacos y ahora hay que rescatar ese dinero para los programas prioritarios’, es probable que unos entren en esa categoría, pero otros no. Este dinero es para proteger las vidas de periodistas y defensores de derechos humanos. La Junta de Gobierno (del Mecanismo) recibía información de cómose gastaba el dinero; había forma desaber que todo se iba a medidasde protección”, indicó.

Por lo anterior, consideró que el riesgo de la iniciativa de Morena es que el Mecanismo de Protección se vuelva una instancia débil, poco efectiva y enormemente burocrática, lo cual pondría en riesgo la vida y la integridad de sus beneficiarios, que hoy son más de mil.

En tanto, Omar Bello Pineda, de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, coincidió en que la propuesta de intervenir en el fideicomiso del Mecanismo de Protección debilitaría a esa instancia, aunque estimó que sí es necesario revisar la forma en que dicho órgano funciona, para evitar posibles abusos de la empresa que hoy brinda los servicios de protección a activistas y comunicadores.