La aplicación de la Ley de Amnistía tiene dos grupos objetivo iniciales: los jóvenes adictos, encarcelados por traer y consumir drogas pero que no son narcotraficantes, y los indígenas, anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien encabezará la comisión de análisis de casos y vigilancia en el cumplimiento de la nueva norma.

“El gran problema es la corrupción y el influyentismo; es a los pobres, a los fregados, a los que se les carga la mano en la justicia. Hay que acabar con eso, las cárceles están llenas de gente pobre (…) Hay quienes están en la cárcel por robarse una lata de atún”, comentó a La Jornada.

Dijo que la prioridad es acabar con la impunidad, y créeme que no estoy luchando contra molinos de viento, tengo claros los objetivos para fortalecer el sistema de justicia, lo que queremos es que los inocentes, chivos expiatorios, salgan de prisión, y tampoco queremos que los capos no enfrenten sus procesos.

De este último grupo –indígenas– hay actualmente 2 mil 500 personas privadas de su libertad, la mayoría (2 mil 18 expedientes) son del fuero común; hay 67 casos federales y 405 en los que no se ha determinado el fuero, así como otra lista de 2 mil peticiones de liberación, multicausales y de distintos grupos, recibidas antes de la entrada en vigor de esta ley, en abril pasado.

Nos vamos a apegar a la ley y a quienes son sus destinatarios. Me han criticado mucho, sobre todo nuestros adversarios, porque dicen que es un salvoconducto o un cheque en blanco para los narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. ¡Nada más alejado de ello, caray! Está enfocado sobre todo a jóvenes privados de su libertad por tener un mayor gramaje de droga de lo permitido, expuso.

Adicional a los expedientes que analiza desde el inicio del año en curso y aquéllos para disminuir el hacinamiento en centros penitenciarios como medida de mitigación ante posibles contagios de Covid-19, Gobernación ha liberado, por sus propios medios y gestiones, a muchas decenas de personas, más de 60, al demostrar las irregularidades en sus procesos, incluidas confesiones obtenidas bajo tortura o documentos probatorios falsos.

Al mismo tiempo, pide a los congresos estatales la expedición de leyes homólogas a la mencionada Ley de Amnistía federal, que está enfocada en personas ya sentenciadas.

La integración de la comisión de análisis se encuentra en revisión por las instancias de mejora regulatoria, con el propósito –subrayó– de que este trabajo no se convierta ni en una puerta giratoria por la que escapen delincuentes de alta peligrosidad involucrados en hechos de sangre, pero tampoco una barrera burocrática inútil, que no libere a nadie.

Por ejemplo, indicó, parte de los jóvenes que están actualmente en reclusión son adictos, pero también hay quienes están en reclusión por poseer drogas con fines mercantiles, es decir, la línea es muy delgada entre unos y otros, y ahí tendremos que hacer la primera selección.

La comisión estará integrada por las secretarías de Gobernación (presidencia) y de Seguridad, y organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres y el de Pueblos Indígenas, entre otros. Los requisitos, se indica en el proyecto, serán mínimos: datos generales del interesado, la causa penal y copia de documentos como la sentencia o el auto de vinculación a proceso.