París. El juicio en el que se ventilarán denuncias de encubrimientos de dopajes y de cobros de sobornos en la cúpula del atletismo comenzó finalmente ayer en París.

A lo largo de seis días, un tribunal parisino sopesará pruebas de que atletas rusos pagaron millones de dólares para ocultar sus presuntos dopajes y poder competir en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y en otras justas. Documentos confiscados indican que estos deportistas pagaron para que sus casos fueran demorados, o directamente ignorados, según indicó el presidente del tribunal al presentar un caso con tentáculos que van desde Europa hasta Asia y África.

Lamine Diack, quien fue presidente de la otrora Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (conocida por sus siglas en inglés, IAAF) durante casi 16 años, es uno de los presuntos receptores de sobornos. Diack, de 87 años, estuvo presente en el juzgado, luciendo un cubrebocas blanco.

El tribunal descartó un pedido de un abogado de Papa Massata Diack, uno de los hijos de Lamine Diack acusado también de irregularidades, de demorar el juicio porque dos de sus abogados no pudieron asistir al proceso por las restricciones de viajes asociadas con el coronavirus.

El juicio ya había sido aplazado en enero para que se incorporaran nuevas evidencias. Papa Massata Diack vive en Senegal, donde no rige la orden de arresto emitida por Francia, y no asistió a la comparecencia del lunes.

Como presidente de la IAAF, Diack fue una de las figuras más influyentes en el movimiento olímpico en la era en que brillaba Usain Bolt y el deporte florecía. Pero su legado, y la credibilidad de su federación, quedaron en duda cuando renunció en 2015. Fue detenido en Francia luego de que investigadores revelaron denuncias de que se presionaba a los atletas para que pagaran con el fin de ocultar sus dopajes. Una maratonista rusa dijo que erogó 450 mil euros, buena parte de los cuales fueron devueltos cuando fue suspendida a pesar de haber sobornado a la federación.

Diack está acusado de corrupción, lavado de dinero y prevaricación. Los fiscales afirman que, directa o indirectamente, solicitó 3.45 millones de euros (3.9 millones de dólares) a atletas sospechosos de haberse dopado para limpiar sus nombres y permitir que siguieran compitiendo.