Cientos de personas, entre integrantes de organizaciones civiles y obreras, de ciudades fronterizas de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, y de El Paso, Texas, así como de Oaxaca y en la Secretaría de Gobernación, en la capital del país, se manifestaron el sábado para exigir la libertad inmediata de la abogada Susana Prieto Terrazas, recluida en un penal de Ciudad Victoria.

La asesora legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 fue detenida el 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas, y está vinculada a proceso por delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción contra particulares.

En respuesta a la convocatoria del Comité de Liberación de Susana Prieto, unas 500 personas marcharon por calles de Matamoros, donde obreros y sus familias se concentraron en la carretera a Reynosa para luego dirigirse a la plaza principal.

El contingente paró frente al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, donde Prieto Terrazas fungía como asesora legal, después hizo un mitin frente a la alcaldía en donde exigieron su libertad, con la consigna: ¡Cabeza de Vaca, cabeza de buey, mira lo que haz hechos violaste la ley!.

En Ciudad Victoria, decenas de integrantes y simpatizantes del Frente Amplio de Tamaulipas, encabezados por Javier Tamez, destacó la solidaridad con Prieto Terrazas para que continúe en la lucha a favor de los trabajadores. Calificó de injusta el proceso en su contra por la forma en que fue detenida y procesada en una audiencia de más de 20 horas, para luego ser recluida en la cárcel de Victoria.

Manifestó que su lucha por los obreros de las maquiladoras es válida, pues estas empresas producen materiales para exportación y sus ingresos son en dólares. Mientras a los obreros se les paga en pesos mexicanos, con horarios abusivos fuera de la ley.

En Baja California, representantes de la Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores (OPT), del movimiento Mexicali Resissste, de las Juventudes y del Partido de los Comunistas Mexicanos se manifestaron en la capital del estado.

La medida cautelar impuesta por el juez es injusta y desmedida, además de la acusación del fiscal, porque representa el delito de disolución social de las décadas de los 60, advirtió Luis Alfonso Vargas, asesor de organizaciones sindicales de la burocracia y del magisterio en Baja California.

Roger Ilich, de la OPT, reconoció su labor porque les ha dado herramientas jurídicas para la defensa legal de las acciones de las empresas por mantener a los trabajadores sin las medidas de prevención ni de seguridad.

En tanto, colectivos de trabajadores de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, señalaron que la detención de la litigante se debe a que denunció la manera criminal en que las factorías de Tamaulipas explotan a los obreros y violan sistemáticamente sus derechos, por lo que ha sido hostigada y amenazada por diversas autoridades locales y federales.

Activistas y estudiantes, por su parte, realizaron una marcha y plantón, respetando la sana distancia, con la exigencia de libertad frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

En Oaxaca, representantes de organizaciones campesinas, del Frente Amplio de Lucha Popular, de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadpres de la Educación, entre otras, demandaron la inmediata liberación de Susana Prieto y afirmaron que ella es un ejemplo de la lucha obrera que se levantó el año pasado para exigir mejores condiciones laborales en las maquiladoras del norte del país.

En la Ciudad de Mécico, integrantes de organizaciones sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación (SG), donde aseguraron que el gobierno de Tamaulipas le fabricó delitos por hechos acaecidos en marzo pasado en la Junta Local de Conciliación. En realidad, dijeron, la detención es en represalia por los casos que ha defendido, frente a industrias de esa entidad fronteriza.

Representantes del sindicato Movimiento 20/32 y otros grupos que integran la Coordinación por la Liberación de Susana Prieto, pidieron la intervención de la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

(Julia Le Duc, Martín Sánchez, Antonio Heras Y Rubén Villalpando, Corresponsales y Fabiola Martínez)