Guadalajara, Jal., Un juez vinculó a proceso a Salvador N, comandante de la Fiscalía General de Jalisco, acusado por el gobernador Enrique Alfaro, y el fiscal general, Gerardo Octavio Solís, de estar en contubernio con el crimen organizado para realizar el halconazo del 5 de junio, cuando agentes de esa dependencia encapuchados, vestidos de civil y armados con palos y tubos levantaron ilegalmente a decenas de jóvenes que se dirigían a protestar por el homicidio de Giovanni López.

El delito que el juzgado 11 de control y juicio oral, con sede en Puente Grande, aceptó como imputable fue el de abuso de autoridad, por lo cual le dictó prisión preventiva de tres meses, a pesar de que el otro cargo, robo calificado, fue desestimado por el juzgador por falta de elementos suficientes. El juez determinó dos meses como plazo para el cierre de la pesquisa adicional, la cual deberá concluir a más tardar el 8 de agosto.

Los señalamientos que Alfaro y Solís hicieron para rápidamente deslindarse de los levantones realizados por policías ministeriales fue que desobedecieron sus órdenes y que al parecer podrían haber atendido instrucciones del crimen organizado con el fin de desestabilizar al estado, pero hasta ahora sólo están detenidos Salvador N y el policía investigador Raúl N y no por cargos de desaparición forzada, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que había ocurrido.

Atendió órdenes del fiscal y éste, del gobernador Alfaro

La defensa de los dos detenidos ha insistido que ambos sólo atendieron órdenes del fiscal Solís y éste, a su vez, del gobernador Alfaro, quien fue el primero en deslindarse el 6 de junio, acusando a la delincuencia organizada de estar detrás de lo ocurrido.

Incluso, en una entrevista de casi una hora que le realizó Televisa Jalisco, dijo que en el estado se fraguaba una desaparición de jóvenes similar a la que ocurrió con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Testimonios de las víctimas de los levantones son coincidentes: después de ser detenidos con violencia, fueron llevados a perreras de la fiscalía, donde policías estatales uniformados les quitaron sus teléfonos celulares, los hostigaron y a varios los golpearon.

Luego, según la narrativa de los jóvenes, en camionetas sin rótulos oficiales –una de ellas con logotipos de un servicio de banquetes– fueron llevados también por policías uniformados (incluso mujeres) a la periferia de la ciudad, donde los dejaron libres, aunque durante el recorrido los torturaron sicológicamente, al decirles que los iban a entregar a la mafia.

La vinculación a proceso del comandante Salvador N, cuyos familiares insisten en que actuó por órdenes del fiscal Octavio Solís, se dio a pesar de que al menos 15 testigos declararon a su favor en la audiencia que terminó la madrugada del sábado.

Gerardo de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el caso –para garantizar la imparcialidad dado que el gobernador se ha negado a retirar del cargo al fiscal general Solís– dijo que ya fueron revisados los videos de las cámaras de seguridad de la Fiscalía el 5 de junio, pero sólo afirmó que fueron detectados agentes ministeriales participando en las detenciones ilegales y a bordo de cuatro camionetas pick up, sin hacer mención de la participación de los policías uniformados.

Hay cuatro vehículos identificados, que desde luego no iban tri-pulados por una sola persona. Eso nos permite advertir en consecuencia que varios elementos participaron en los hechos y, desde luego, habrá otros que los recibieron (...) No son dos, son muchos más y pretendemos llegar a ellos, dijo De la Cruz.