El Congreso de Chihuahua rechazó armonizar la Ley Estatal de Educación con las leyes en la materia federales, por la presión de la asociación civil Cruzada por la Familia, y porque calificó que va contra el derecho de los padres a la educación de los hijos y contra la participación de asociaciones en las escuelas.

La ley estatal mantendrá el concepto de menores de edad, contra la definición de niñas, niños y adolescentes que establecen las leyes federales y no considera a los estudiantes sujeto de derechos.

En sus artículos 10, 25 y 131, la Ley Estatal define a los estudiantes como hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y menores de edad, que asisten a la escuela por obligación de los padres y madres de familia y en lo relativo al proceso educativo están bajo tutela de quien ejerza sobre ellos la patria potestad.

La legislatura local también aprobó que las organizaciones de padres de familia tengan atribuciones para hacer gestiones en representación de las escuelas e incluye a dichos grupos como parte del Sistema Educativo Estatal.

El diputado panista Fernando Álvarez Monje informó que la fracción del PAN hizo suyas las peticiones de asociaciones civiles involucradas en el tema educativo, que buscan fortalecer el derecho a los padres a decidir e involucrarse en la educación de sus hijos y promovió cambios al dictamen impulsados por Cruzada por la Familia.

En tanto, el gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron el pago de incidencias a 900 trabajadores del sector educativo, afectados con la entrada en vigor de la reforma educativa impulsada por el ex presidente, Enrique Peña y la entrega de la rectoría de la educación pública estatal a la Federación en 2015 por acuerdo del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo.

La falta de retribución devino protestas de los profesores adheridos a la sección 22 de la CNTE; sin embargo, con la administración del mandatario, Alejandro Murat Hinojosa, se instaló una mesa tripartita donde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), la CNTE y la SEP han atendido las demandas y conflictos creados en los gobiernos anteriores.

En este sentido, se asignaron en total 100 millones de pesos que serán pagados a 875 maestros, mediante 543 claves presupuestales, con lo que se les está haciendo justicia, aseguró Francisco Ángel Villarreal, director general del Ieepo.