La mayoría de los actos de clausura, que realizó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México a negocios con actividades no esenciales que se han negado a cerrar por la crisis sanitaria del Covid-19, han llegado a los juzgados y terminan por ser declarados nulos por deficiencias en el procedimiento de verificación.

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Anlén Alemán, indicó que se espera que los propietarios de los locales mercantiles que fueron obligados a cerrar lleguen a litigar esos actos al órgano jurisdiccional, lo que provocará un debate sobre su legalidad al tener que decidir qué se considera más importante: la salud de las personas o el trabajo digno.

Del 26 de marzo al 15 de junio, el Invea impuso sellos de suspensión de actividades en 123 establecimientos mercantiles que no cerraron, la mayoría relacionados con venta de cosméticos, bisutería, telas, ropa, papelería, artículos electrónicos y muebles para baño. En ese periodo la dependencia realizó 15 mil 162 verificaciones, en las que se pudo observar que sólo una cuarta parte de los negocios no esenciales cerró de manera voluntaria.

De acuerdo con las estadísticas del instituto, en 75 por ciento de los casos el personal de verificación debió hacer labores de sensibilización para que se atendiera el acuerdo de las autoridades sanitarias o solicitarles el cierre.

Al participar en el conversatorio Hacia la creación de una nueva ley de establecimientos mercantiles, en el Congreso capitalino, Anlén Alemán advirtió que la reapertura de actividades implicará aforos más reducidos, medidas de seguridad para el ingreso a los negocios y otros cambios más, ante lo cual se requiere una ley que apueste más a que la autoridad asesore, acompañe y oriente al ciudadano para subsanar irregularidades, antes que esperar la comisión de la infracción para sancionar.