La Paz, BCS., El Congreso del estado autorizó por unanimidad que el ayuntamiento de Los Cabos solicite dos líneas de crédito por un total de 5 mil 200 millones de pesos para suscribir un contrato de asociación pública-privada para la construcción de una planta desaladora de agua de mar en la ciudad de Cabo San Lucas y mejorar la red de distribución y la medición del suministro.

El dictamen, presentado por las comisiones del Agua y de Asuntos Fiscales y Administrativos, fue aprobado con la presencia de los 21 diputados, entre ellos los cinco que fueron expulsados y reinstalados por orden de una juez federal.

El costo de la desaladora es de 3 mil 900 millones de pesos y el del programa de mejora integral de la gestión, de mil 300 millones, más impuesto al valor agregado; además, el gobierno federal aportará mil 80 millones para el desarrollo de infraestructura.

Ramiro Ruiz Flores, diputado de Morena, explicó que la desaladora será pagada en 25 años y las mejoras en la red en 10 años, por lo cual el ayuntamiento comprometerá sus participaciones federales.

La planta aportará 250 litros por segundo a la ciudad de Cabo San Lucas, en beneficio de colonias populares como Los Cangrejos, Mesa Colorada, Caribe Alto y Caribe Bajo.

Se garantiza abasto por una década: alcaldesa

El gobernador Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional, firmó el dictamen aprobado para su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado.

El mandatario expresó que con este acto se resuelve una deuda histórica con aquellas familias que tienen sed y cumplo con el compromiso asumido hace más de cinco años con los cabeños que trabajan y se esfuerzan, que sólo desean y reclaman tener los servicios que merecen, como el acceso al agua potable.

La alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, de Morena, celebró la aprobación de los proyectos y dijo que es un día histórico porque será posible abastecer de agua potable a la ciudad de Cabo San Lucas durante 10 años.

Puntualizó que ayer concluyó el plazo para entregar la carpeta completa a la Comisión Nacional del Agua y el Fondo Nacional de Infraestructura, que esperaban la autorización del Congreso local para dar paso a la emisión de la convocatoria de licitación, que se expediría en 10 días más.