ay acuerdo de que las dificultades económicas de América Latina se agravaron severamente con la pandemia de Covid-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado que a nuestra eterna debilidad estructural hay que añadirle tres componentes que la exacerban: bajo crecimiento de la productividad, desigualdad severa en condiciones de ampliación de la informalidad y servicios y entidades públicas deficientes y lejanas a las aspiraciones ciudadanas.
Para ilustrar el primer componente: entre 2000 y 2018 el aporte al crecimiento económico del empleo y la productividad en América Latina fue de 76 y 24 por ciento, respectivamente, en tanto en Europa fue de 54 y 46, en Estados Unidos fue de 36 y 64, en Japón fue de 31 y 69 y en China el empleo aportó 4 por ciento en tanto la productividad lo hacía en 96 por ciento. La brecha de productividades es, como se observa, muy desfavorable para nosotros.
La pandemia, además, arribó a nuestra región junto con crecientes aspiraciones sociales, que solo pueden resolverse con un nuevo modelo de desarrollo centrado en el bienestar ciudadano. La pandemia, al mismo tiempo, está abriendo oportunidades para que la salida de la crisis pudiera permitirnos superar dificultades a largo plazo. La transformación digital en curso, acelerada por la contingencia, está obligando a innovar la manera de hacer negocios, transformando los sistemas productivos, rompiendo las cadenas de valor, revolucionando las dinámicas de trabajo y, por todo ello, está modificando la manera de competir. Pero para que estos cambios beneficien a grandes grupos de la población son indispensables políticas públicas instrumentadas por los gobiernos latinoamericanos que permitan aprovecharlos en beneficio de las personas.
Nuevas políticas públicas, demandan que gobernantes y parlamentarios se hagan cargo de la necesidad de proponer e instrumentar acciones gubernamentales, que propicien que los que han sido más golpeados por la gran reclusión, se adapten eficientemente al teletrabajo o la teleeducación reduciendo las brechas digitales existentes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha propuesto siete dimensiones en las que los gobiernos pueden incidir para que la transformación digital promueva crecimiento y también bienestar. La primera es ampliar el acceso a las nuevas tecnologías, luego, reforzar su uso efectivo, fomentar la innovación digital, garantizar trabajos de calidad para todos, promover la prosperidad social, reforzar la confianza y favorecer mercados abiertos. Acciones gubernamentales coordinadas en estas dimensiones son deseables y posibles, pero no están todavía planteadas.
Se trata de actuar comprensivamente, para lo cual es necesario que se produzca una coordinación internacional que favorezca esta conversión digital en una palanca para el desarrollo y el bienestar social. En este propósito, han conjuntado esfuerzos Cepal, OCDE, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisaria Europea para las Alianzas Internacionales, apoyando la idea de que la cooperación internacional es necesaria y conveniente. La ampliación del acceso a redes y dispositivos electrónicos nos coloca en mejor posición, pero estamos lejos de su universalización. La media latinoamericana era de 68 por ciento hace dos años y se ha avanzado, pero hay un rezago importante incluso en los países grandes de la región: Colombia, México, Argentina y Brasil.
Por supuesto, el rezago se asocia al nivel de ingreso de los hogares: En promedio, en la región hay una diferencia de casi 40 puntos porcentuales en el porcentaje de la población total que usa Internet entre el quintil más rico, con un 75 por ciento, y el quintil más pobre, donde sólo usa Internet 37 por ciento. Para los países de la OCDE esta diferencia es menor a 25 puntos porcentuales. A esto habrá que sumar el riesgo de que parte de los empleos existentes en la región se automaticen. De acuerdo con estimaciones de la Cepal, 16 por ciento de los empleos tiene un alto riesgo de automatización. Además, considerando la sustitución de tareas dentro de las ocupaciones, en promedio en la región, 25 por ciento de los puestos de trabajo en Chile, Ecuador, México y Perú tiene un alto riesgo y otro 35 por ciento podría sufrir cambios importantes en las tareas a realizar. Estos riesgos se convertirán en hechos sin la acción decidida de los gobiernos.
Se están abriendo oportunidades, pero los desafíos que cuestionan las condiciones de trabajos ya de por sí precarios también se han ampliado. La posibilidad de convertirlos en logros por la acción colectiva existe. Nuestras sociedades tienen que hacerse cargo de que las cosas pueden empeorar, pero que hay posibilidades de mejorar siempre y cuando se genere un movimiento capaz de hacer que los gobiernos verdaderamente diseñen y operen políticas públicas para aprovechar el impulso digital en beneficio de todos.
