Especialistas en asuntos de seguridad y defensa nacional difirieron sobre la posibilidad de que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda pueda ser investigado y procesado también en México, luego de que fue detenido en Estados Unidos.

Para Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, existe una obligación legal para investigar de oficio al ex titular de la Sedena. En tanto, el académico Javier Oliva Posada, de la UNAM, consideró que no hay elementos para ello, pero que debería revisarse la actuación de los elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en el país.

Oliva Posada explicó que el principio de presunción de inocencia hace que Cienfuegos Zepeda no pueda ser procesado en México en tanto no sea sentenciado en Estados Unidos.

No tendrían por qué iniciar una investigación sobre un supuesto que no se ha dado, añadió, y explicó que en los tribunales estadunidenses este tipo de procesos suelen ser muy largos, por ejemplo, en el caso contra Genaro García Luna aún no termina siquiera la etapa de audiencias.

Habrá que ver las pruebas y qué tan consistentes son, señaló Oliva Posada, quien sin embargo sostuvo que de las cuatro acusaciones, dos son verdaderamente inverosímiles, además, la forma en que obtuvieron las pruebas fue violando las leyes mexicanas.

Explicó que en el caso de Cienfuegos Zepeda los agentes de la DEA por lo menos incumplieron con las normas nacionales al intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial.

López Montiel afirmó que sí existe una obligación de las autoridades mexicanas para investigar de inmediato al general, y más aún cuando es un delito que tiene que ver con una condición pública, es decir, cuando hay un daño al interés público.

Explicó que jurídicamente las autoridades nacionales no tienen por qué esperara a que haya una comunicación oficial por parte de Estados Unidos, pues basta lo publicado en los medios de comunicación para que se den por enteradas y se aboquen a investigar el caso.

En lo que coincidieron ambos académicos es que esta acción unilateral de la DEA significa un cambio en el esquema de colaboración bilateral. Es un rompimiento, pues había espacios de colaboración; antes por lo menos se avisaba, señaló López Montiel; en tanto que Oliva Posada demandó que el gobierno mexicano exija una explicación y revise sus protocolos de cooperación con las agencias estadunidenses.